Expira el plazo para reclamar por "Valores Santander" a la espera del Supremo

Los clientes que suscribieron los "Valores Santander", bonos convertibles en acciones emitidos por la entidad en 2007, disponen hasta hoy para reclamar el reintegro del dinero invertido, a la espera de que el Tribunal Supremo aclare los criterios de nulidad del contrato.

Las crecientes discrepancias en la jurisprudencia de las Audiencia Provinciales ha motivado que, tanto afectados como bufetes de abogados, permanezcan a la espera de una eventual sentencia en la que el Alto Tribunal unifique la doctrina sobre un producto por el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó al Santander con multas de casi 17 millones de euros.

El organismo regulador argumentó entonces que la entidad había infringido, entre otras obligaciones, el deber de información al cliente en el proceso de adquisición de estos valores, a los que definió de "producto complejo y novedoso" ofertado como "renta fija sin riesgos".

Sin embargo, la Audiencia Nacional admitió en julio de 2015 un recurso del Santander y confirmó tan sólo la multa de 6,9 millones por la inadecuada comercialización de la emisión.

En los últimos años, no han faltado las sentencias sobre el tema tanto en primera instancia como en apelación, aunque continúa sin alcanzarse un mínimo consenso.

Y es que si bien algunas Audiencias, como la de Cantabria, han avalado la legalidad de los valores ya que el cliente en la firma del contrato "admitía conocer el producto y sus riesgos", otras como la de Santa Cruz de Tenerife han fallado a favor del consumidor.

El socio director del despacho Navas y Cusí, Juan Ignacio Navas, reconoce que la opinión del Supremo "va a ser muy importante" de cara a resolver si la ausencia de formación por parte del cliente es suficiente para determinar el error que anularía el consentimiento.

Además, la sala de lo Social también deberá estudiar si la entidad está obligada o no a informar de todos los posibles riesgos de la operación, valorada en 7.000 millones con los que el Santander buscaba financiar la compra del Banco Real, por entonces subsidiaria del holandés ABN Amro en Brasil.

"No hay debate en este punto; el banco tiene obligación activa de informar", asegura Navas, que sostiene que el Santander también habría tenido que tomar la iniciativa a la hora de ilustrar "de la naturaleza y riesgos del producto y asegurarse de que éste es apropiado, cumple sus objetivos de inversión y comprende adecuadamente los riesgos que implica".

Según las estimaciones, unos 130.000 clientes vieron cómo el valor de sus inversiones se reducía hasta un 55 % durante la conversión de los bonos en 2012, al pagar por cada acción 16,04 euros cuando cotizaban a seis.

Cuatro años después, miles de afectados han solicitado recuperar sus ahorros aunque, según las cifras manejadas por V Abogados, aún podría haber unos 65.000 que no lo han hecho.

Por ello, y a pesar del vencimiento del plazo legal, algunos despachos de abogados como Gabeiras y Asociados piden a quienes acudieron a la operación que no abandonen, y ya han anunciado que estudiarán nuevas vías para demandar al Santander.

Una batalla que recuerda a la de los preferentistas de las antiguas cajas que componen Bankia quienes, acabado el límite para demandar por error en el consentimiento, todavía disponen hasta mayo de 2018 para pedir el resarcimiento por daños y perjuicios.