Revista Inversión

El Gobierno acelera la subida de impuestos

Prevé incrementos en IRPF, sociedades, patrimonio y ahorro, y la implantación de las tasas Google y Tobin

El aumento del gasto público dirigido a mitigar los efectos del coronavirus y la reducción de ingresos debido a la ralentización de la actividad empresarial obligan al Gobierno a rellenar cuanto antes las ‘maltrechas’ arcas del Estado.

Y la forma más rápida de hacerlo es subiendo los impuestos mediante una reforma fiscal que afectará no solo a las grandes fortunas, como pretendían desde el Ejecutivo.

Así lo ha advertido esta semana el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al anunciar que nuestro país necesita una «profunda» reforma fiscal con medidas «ambiciosas» que aumenten la recaudación, entre las que no descarta una subida del IVA, para la que «aún hay margen».  

Según publica la revista INVERSIÓN en su número de esta semana, que se distribuye a través de Kiosko y Más y Pressreader, esta apreciación se aleja de las posiciones mantenidas por el Gobierno al asegurar que la nueva presión fiscal solo afectaría a las grandes fortunas, y para ello diseñó antes de la crisis una batería de medidas tributarias que quiere implantar con urgencia.

Pero empiezan con mal pie, ya que, a juicio de Hernández de Cos, no serán suficientes porque «no se puede pensar que con cambios mínimos o figuras impositivas nuevas se puede afrontar el reto de sanear las cuentas públicas».

Un reto enorme para un país presionado por la sombra del rescate. Se estima una caída del PIB de entre el 9,5 y el 12,4 por ciento, mientras que la deuda pública alcanzará el 115,5 por ciento del PIB y el déficit escalará un 10,3 por ciento, hasta los 115.671 millones.

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Lo que sí bajarán son los ingresos públicos en 25.711 millones de euros. Una merma provocada por la caída de la recaudación tributaria, con descensos del 2,4 por ciento en el impuesto sobre la renta, del 8,7 por ciento en el de sociedades; del 5,2 por ciento en el IVA; del 6,5 por ciento en los impuestos especiales; del 37,9 por ciento en el de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del 5,75 por ciento en las cotizaciones sociales, según Hacienda.

Para compensar estas caídas el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra y ha acelerado la tramitación de dos nuevos impuestos el de Determinados Servicios Digitales, conocido como tasa Google, y el de Transacciones Financieras o tasa Tobin.

Los dos, que están actualmente en el Congreso, podrían implantarse en el último cuatrimestre año y permitirán recaudar 1.818 millones de euros anuales.

Tasa Google

Esta figura fiscal afecta a las grandes compañías tecnológicas con ingresos anuales mundiales que superen los 750 millones y cuyos ingresos en España sean de más de 3 millones de euros.

España será el primer país de la UE que va a establecer esta imposición y según Benjamí Anglès, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), se trata de una buena medida, ya que «ningún Estado debe renunciar a su soberanía para establecer tributos y menos ante empresas con colosales beneficios que eluden el pago de impuestos en los países donde residen sus usuarios finales por el hecho de operar por Internet».

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Con esta tasa el Gobierno calcula ingresar 968 millones de euros. «Insuficientes», a juicio de los expertos.

Tasa Tobin

Otra de las bazas del Gobierno para aumentar la recaudación es el Impuesto sobre las Transacciones Financieras que grava con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas que posean una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones.

Calcula que con esta tasa recaudará unos 850 millones. Una cantidad «muy ambiciosa» a juicio de Anglès, que cree que estas previsiones se reducirán a la mitad.

El gravamen no ha sido bien acogido porque «desincentivará la inversión extranjera en acciones de compañías españolas», asegura Eusebio Granda, vicepresidente de la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget).

Además de implantar con urgencia estas dos tasas, el Gobierno continúa con su plan fiscal que abarca subidas del IRPF, del impuesto de sociedades, del de patrimonio y del ahorro, dirigidas principalmente a los altos patrimonios.

Pero a ellos se puede sumar, según los expertos en fiscalidad, un incremento del IVA que podría pasar del 21 al 23 por ciento y que afectaría a todos los consumidores.

Impuesto de Patrimonio

El Gobierno pactó en su acuerdo de coalición una subida del 1 por ciento del Impuesto sobre el Patrimonio para las fortunas de más de 10 millones.

Además de armonizar al alza este tributo para reducir desigualdades entre comunidades autónomas. Pero esta subida no contribuirá a llenar las arcas del Tesoro de forma contundente, ya que en la campaña de la renta de 2018 solo declararon este impuesto 205.330 contribuyentes y su recaudación fue de 1.119 millones.

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Para Silvia Albarrán, profesora del Centro de Estudios Financieros (CEF), la escasa eficiencia de este impuesto viene dada por «el elevado fraude fiscal y las inadecuadas reglas de valoración de inmuebles y de acciones no cotizadas».

Además, podría tener sus días contados si se aprueba la propuesta de Unidas Podemos de crear un impuesto a la riqueza que establece que los propietarios de patrimonios de más de un millón de euros tributen un 2 por ciento; los de más de 10 millones, un 2,5 por ciento, y a partir de 50 millones, el 3 por ciento; que aumentaría al 3,5 por ciento para los propietarios de más de 100 millones. Con él prevén una recaudación de 11.000 millones.

Benjamí Anglès augura a este impuesto un «limitado recorrido» en caso de aprobarse, ya que una parte de esos patrimonios «están invertidos en la economía productiva y el resto pueden ‘colocarse’ fácilmente bajo otras formas jurídicas e, incluso, jurisdicciones, por lo que la cifra de 11.000 millones es un canto al sol muy difícil de alcanzar».

Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) cree que al existir el Impuesto sobre el Patrimonio «no es necesario crear este tributo».

IRPF

Otra de las medidas fiscales incluidas en el programa de coalición es incrementar el IRPF a los tramos superiores de renta: dos puntos los tipos impositivos para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos a partir de 300.000 euros.

Además, prevé subir cuatro puntos el tipo de las rentas de capital de más de 140.000 euros. Esta subida según Silvia Albarrán es «ineficaz en la práctica», dado el reducido número de contribuyentes que declaran rentas por encima de esos importes. En concreto, 121.550.

Sociedades

Este será el tributo que más suba, ya que se impondrá un tipo mínimo sobre la base imponible del 15 por ciento para las empresas que facturen más de 20 millones de euros y del 18 por ciento para la banca y las petroleras.

La subida ha generado distintos pareceres entre los expertos. Granda cree que «deteriorará la competitividad de las empresas españolas», mientras que Anglès la apoya porque «establece un tipo mínimo igual para todas las empresas que evita desigualdades y problemas de competencia, a la vez que garantiza unos ingresos mínimos para Hacienda». 

Ahorro

El ahorro también será penalizado fiscalmente al crear un nuevo tramo a partir de 140.000 euros al que se aplicará un 27 por ciento de tipo de gravamen, lo que supone un incremento de cuatro puntos.

«Esta iniciativa es contraproducente para el contribuyente de rentas más bajas, que tiene depositados sus ahorros en planes de pensiones, fondos de inversión, acciones u otros instrumentos financieros que, sin distinción de cuantía percibida, se gravan por igual. No es una medida en contra los grandes patrimonios, afecta a todos los contribuyentes», dice el vicepresidente de Asefiget.

Medidas necesarias pero insuficientes

Antes de incrementar los impuestos Stella Raventós propone al Gobierno reducir los gastos prescindibles del Estado, de modo que la recaudación sea utilizada de la manera más eficiente. Y es que tanto los expertos como el gobernador del Banco de España dudan de que la nueva fiscalidad genere los ingresos necesarios para hacer frente a los nuevos gastos producidos por la crisis.

En opinión de Silvia Albarrán, «no podemos asegurar que con estas medidas el Tesoro incremente suficientemente sus ingresos ni que los que más tienen paguen más, pero contribuirán más de lo que hacían hasta ahora».

Anglès va más allá y, a pesar de no ser optimista respecto a la recaudación derivada de la reforma fiscal, cree que «todo ingreso nuevo, por limitado que sea, será bien recibido por unas arcas públicas en constante desequilibrio».

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