El abogado del futuro trabajará con ingenieros, según decano de Derecho CEU

La transformación tecnológica afecta a todos los campos, y el ámbito legal no es una excepción, según el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, Carlos Pérez del Valle, que ha augurado que en un futuro próximo el abogado tendrá que trabajar en equipo con ingenieros.

"Mi opinión es que el abogado va a tener que ser capaz de trabajar en un equipo con ingenieros e informáticos. Tendrá que saber utilizar la tecnología", ha señalado Pérez del Valle en una entrevista con EFE sobre cómo la tecnología cambiará la abogacía y la adaptación que deben realizar los planes de estudio de Derecho.

El jurista pone un ejemplo gráfico: cada vez es menos habitual encontrar en las sedes de los despachos esas grandes estanterías llenas de tomos con jurisprudencia que han sido sustituidos por los sistemas de consulta digital. "Ya no están ni como decoración", ha considerado.

Con el objetivo de preparar a los futuros abogados para un entorno laboral cada vez más vinculado a la tecnología, el plan de estudios de Derecho en CEU San Pablo incorporará a partir del próximo curso lo que denominan 'horas tech' en cada asignatura, en las cuales se muestren a los alumnos herramientas digitales.

"En una serie de asignaturas obligatoriamente desde primero habrá horas tech, donde los estudiantes solo tratarán temas tecnológicos, que luego pueden revertir en talleres", ha explicado el decano, que plantea estas horas no como una forma de enseñar herramientas concretas, sino de concienciar al alumno de su existencia.

Así, asignaturas como Derecho procesal, Derecho de daños, Relaciones laborales, Derecho financiero y tributario o Derecho penal económico, contarán con algunas horas en las que se explicará con ejemplos prácticos como la tecnología se aplica a ellos.

"Vamos a insertar gente de fuera que trabaje con estos temas y vamos a hacer una formación para los profesores, necesitamos que tengan la mentalidad de que esta realidad existe, que no lo rechacen", ha explicado.

En opinión del decano de Derecho de San Pablo CEU, la digitalización provocará una mejora en el intercambio de documentación con los tribunales y provocará que crezca el uso de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje.

La tecnología también está planteando problemas jurídicos, como la protección de los datos personales -con las primeras decisiones judiciales derivadas del Reglamento General de Protección de Datos europeo- y los planteará en el futuro, como la responsabilidad derivada de los sistemas de inteligencia artificial.

"El caso de los coches no tripulados demuestra que los temas de responsabilidad van a tener mucha importancia en el futuro y generarán bastante actividad jurídica", ha señalado Pérez del Valle.

Estos abogados del futuro, tendrán que comprender la tecnología y se apoyarán en herramientas basadas en aprendizaje automático ('Machine Learning') que les ayudarán a seleccionar la información, siempre que esta esté ordenada.

"Hay investigaciones que indican que procesos en los cuales yo selecciono datos y paso niveles de filtro para seleccionar información, los sistemas automatizados te acabarán sustituyendo en casi todo", ha reconocido el jurista. El abogado también contará con la tecnología para preparar su argumentación.

"Con los sistemas de análisis predictivo de resoluciones judiciales, a la hora de presentarme ante un tribunal podré plantear estrategias alternativas, persuadirle en la forma en la que otros le han persuadido antes", ha añadido Pérez del Valle.

No obstante, en aquellos casos en los que la información no está ordenada, como en la valoración de las pruebas, el abogado tiene más difícil ser sustituido por una herramienta automatizada.

Para el decano de Derecho de CEU San Pablo, los grandes despachos españoles están en buena situación para afrontarla, ya que están al mismo nivel de sus competidores internacionales.

"El gran problema es que las tecnologías son caras, el pequeño despacho y el medio no pueden asumir los costes de estas herramientas, cuya rentabilidad no está comprobada. Y hay que tener en cuenta que el Derecho es uno de los mundos más reacios a la entrada de las tecnologías", ha finalizado.

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