La reforma de las pensiones ya está en marcha

El Ministerio de la Seguridad Social se adelanta y empieza a implementar medidas que van a integrar la próxima reforma de las pensiones

Hacer equitativo y sostenible el sistema público de pensiones es urgente, y el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene prisa por poner en marcha medidas que lo consigan.

Para ello, antes de aprobarse la reforma de las pensiones, está avanzando en la implementación de iniciativas que formarán parte de ella y que están recogidas en las 21 recomendaciones realizadas por la Comisión del Pacto de Toledo.

Entre las medidas que ya se han puesto en marcha destaca el traspaso al Estado de una parte de los gastos no contributivos del sistema público de pensiones.

Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Estado aportará casi 14.000 millones de euros al sistema, lo que permitirá avanzar en su equilibrio trasladando el déficit a las partes de la administración con capacidad para corregirlo.

Estas partidas integran los gastos de políticas no contributivas, las deducciones en las cotizaciones de autónomos, trabajadores agrarios y empleados de hogar y la prestación por nacimiento y cuidado de hijos.

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Además del complemento de maternidad, las subvenciones implícitas a regímenes especiales, el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión y los gastos de funcionamiento. Según Escrivá, sacar estas partidas de la Seguridad Social “equilibrará las cuentas del sistema”.

Esta medida ha sido muy bien acogida por los expertos. Gonzalo Núñez Sarompas, profesor del Centro de Estudios Financieros, considera que “esas partidas no deberían estar integradas en un sistema como el de la Seguridad Social, cuya filosofía es la aportación y el reparto entre trabajadores”.

En su opinión, “las políticas que tratan de garantizar suficiencia de ingresos familiares en situaciones de necesidad son de carácter social y, por tanto, su financiación no debería producirse por la vía de cotizaciones sino de impuestos. Como tampoco debe hacerse cargo la Seguridad Social de las bonificaciones o subvenciones establecidas para fomentar el empleo o los complementos a mínimos de las pensiones”.

Acabar con la brecha de género

Otra de las recomendaciones del Pacto de Toledo que el ministerio ya ha abordado parcialmente es la referida a la reducción de la brecha de géneroPara ello, desde el 1 de enero está en vigor la igualdad de los permisos por nacimiento de hijo entre hombres y mujeres.

A esta medida se añadirá otra en los próximos días que consiste en un nuevo complemento que sustituirá al actual complemento de maternidad y estará en vigor hasta que la brecha de género en pensiones se sitúe por debajo del 5%.

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El nuevo complemento será percibido por el progenitor que acredite un perjuicio en la carrera profesional tras el nacimiento del  hijo. Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el 98% de los casos es la mujer la que sufre este perjuicio.

Impulso a los planes de empleo

El departamento de Escrivá también se ha puesto manos a la obra para crear un fondo de pensiones colectivo de promoción pública con el que pretende impulsar los planes de pensiones de empleo. Con este mismo objetivo, en los presupuestos de 2021 se ha desplazado la fiscalidad favorable de los planes individuales a los colectivos. 

Así, a partir de este año se reduce de 8.000 euros a 2.000 la aportación máxima a los planes de pensiones individuales con derecho a desgravación en el IRPF. Mientras que las aportaciones a los planes de pensiones de empleo con derecho a deducción aumentarán de los 8.000 a los 10.000 euros.

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Este ‘superfondo’ ha generado cierta polémica y hay expertos que consideran que no logrará el objetivo que se quiere conseguir con él.

Jesús Pérez, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, cree que el fondo es “una carcasa pública para acoger a planes de pensiones de empleo ya creados y a otros nuevos”. Por ello, “no veo su aportación de valor más allá de tapar la eliminación de los incentivos fiscales de las aportaciones a los planes de pensiones individuales”.

Tampoco Gonzalo Núñez Sarompas, profesor del Centro de Estudios Financieros, percibe que el fondo traiga consigo “un claro beneficio” debido al reducido peso que los planes de empleo tienen en España.

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“Si el Gobierno pretende establecer un complemento privado al sistema público de pensiones para garantizar un mayor nivel de renta a los futuros pensionistas -descargando de presión a la Seguridad Social-, no parece que esta medida vaya a ser efectiva al no alcanzar a la mayor parte de quienes se jubilarán en los próximos años o décadas”, señala.

Subida de las pensiones y de los años trabajados

La revalorización de las pensiones es otra medida incuestionable para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y para conseguirla Escrivá está ultimando un acuerdo con los interlocutores sociales sobre un nuevo mecanismo permanente de revalorización basado en el IPC.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social prevén presentarlo al Consejo de Ministros antes de Semana Santa para que entre en vigor en 2022.

En este primer bloque de reformas Escrivá también está trabajando con los agentes sociales en medidas para alinear la edad efectiva a edad legal de jubilación. Lo están haciendo en dos sentidos: la reforma de los incentivos a la jubilación demorada y la revisión del sistema de jubilación anticipada.

En España la edad legal de retiro pasó en 2011 de los 65 años a prorrogarse hasta los 67 en 2027. Este año es de 66 años, no obstante, la jubilación real ronda los 64 años.

En opinión de Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), los incentivos para prolongar la vida laboral suponen un gran beneficio tanto para las empresas como para los trabajadores, y es una "gran opción" para poder mantener nuestro sistema de pensiones de cara al futuro.

Temas pendientes

Por lo que respecta al segundo bloque de reformas, el ministerio está trabajando en la cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos. Pretende diseñar un sistema progresivo y flexible, en el que podrán elegir su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos esperadas y modificarla a lo largo del año.

También están haciendo cálculos sobre la conveniencia o no de ampliar el cómputo para calcular las pensiones. Este posible cambio suscitó una gran controversia cuando se supo que el equipo de Escrivá estaba barajando ampliar de 25 a 35 años el periodo para calcular las prestaciones, lo que generaría una bajada de las pensiones del 5%.

Los sindicatos y Unidas Podemos se enfrentaron al ministro y Pablo Iglesias amenazó con romper el Gobierno de coalición si finalmente esta medida se introducía en la reforma.

A pesar de esta amenaza, Escrivá no la ha descartado: “Tenemos que hacer cálculos al respecto, por lo que aún no sabemos qué vamos a hacer”, ha manifestado.

Argumenta que uno de sus objetivos es “atender a la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”. Puso como ejemplo que en la actualidad cada vez es más frecuente que el colectivo mayor de 45 años se quede en paro, lo que hace que el sistema “sea injusto” con algunos trabajadores.

Por ello, ha precisado que “la contributividad es identificada como uno de los pilares clave en el Pacto de Toledo” y, el contexto actual de carreras menos lineales y con mayores interrupciones, “exige una perspectiva amplia de la trayectoria laboral”.

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