Jubilación

¿Acabarán los Presupuestos Generales del Estado pagando las pensiones?

El déficit creciente de la Seguridad Social, que este año podría alcanzar los 68.000 millones, abre el debate sobre si las pensiones llegarán a pagarse con los impuestos

Los estragos que el coronavirus provocará en la economía española afectará a las pensiones.

El debate sobre la urgente reforma del sistema público de pensiones ha vuelto a tomar fuerza en los últimos meses y los integrantes del Pacto de Toledo se esfuerzan por concretar medidas que logren hacer viable el sistema a largo plazo.

Entre las propuestas que se están barajando destacan: considerar toda la vida laboral del trabajador a efectos del cómputo de la pensión, retrasar la edad de retiro, desincentivar la jubilación anticipada o aplicar el factor de sostenibilidad ajustando la pensión a la esperanza de vida.

Todo lo que contribuya a reducir el gasto en pensiones es positivo si el objetivo es hacer frente al déficit de la Seguridad Social provocado porque el gasto en pensiones supera los ingresos por cotizaciones.

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En los últimos diez años las cuentas de las pensiones en España arrastran un déficit continuado que asciende a 116.640 millones de euros y la hucha de las pensiones está en caída libre. Solo contenía a principios de este año 2.150 millones de euros, una cifra muy inferior a los máximos de 66.815 millones que atesoraba en 2011.

Y las perspectivas para lo que queda de 2020 no son halagüeñas. Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Seguridad Social cerrará este año con un déficit de entre 56.000 y 68.000 millones de euros, dependiendo de lo grave que sea la crisis.

Una caída muy superior a los 16.000 millones con los que cerró 2019. Este descenso estará causado por el aumento del desempleo y la consiguiente bajada de los ingresos por cotizaciones sociales.

El ‘auxilio’ de los presupuestos

Ante este desequilibrio, la Seguridad Social ha recurrido en numerosas ocasiones a préstamos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con los que abona las pagas extraordinarias que reciben los pensionistas en verano y en invierno, cuando el sistema afronta mayores necesidades de liquidez debido a que debe asumir una factura que ronda los 20.000 millones de euros.

Este recurso puntual a los Presupuestos Generales del Estado ha puesto sobre la mesa el debate de si las pensiones tendrían que correr a  su cargo.

La tesis cobra fuerza si se tiene en cuenta que el Gobierno quiere cuadrar el déficit de la Seguridad Social trasladando progresivamente del sistema público a los PGE todas las partidas que no sean prestaciones contributivas.

Entre ellas se encuentran las pensiones no contributivas, los gastos de personal y de funcionamiento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, políticas activas de empleo o prestaciones por paternidad y maternidad, que se podrían pagar, según el Gobierno, a través de impuestos, entre ellos lo recaudado por la tasa Tobin y la tasa Google.

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Sacando estas partidas de la Seguridad Social se acabaría con el déficit del sistema, según ha reconocido José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya que con el actual nivel de cotizaciones sociales se podría cubrir el gasto en pensiones contributivas.

¿Misión imposible?

Cada vez parece más viable que se puedan trasladar las partidas no contributivas de la Seguridad Social a los PGE, ya que los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo están de acuerdo con descargar de  sistema los gastos no relacionados con las pensiones públicas.

Lo que no está nada claro es que sean los Presupuestos Generales del Estado los que acaben asumiendo el pago de pensiones. En esta materia la polémica está servida.

“No creo que las pensiones se incluyan en los presupuestos. Tenemos  un sistema de Seguridad Social de reparto, contributivo y proporcional, financiado por las cotizaciones de empresas y trabajadores que responde al modelo continental, como ocurre en Alemania, Francia o Italia, radicalmente distinto a los modelos anglosajones financiados por impuestos”, asegura Mariano Jiménez Lasheras, presidente de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen)

Tampoco lo ve probable Gonzalo Núñez, profesor del Centro de Estudios Financieros y director del departamento laboral de Bardají/Honrado Abogados. Argumenta que cuando se aprobó el documento del Pacto de Toledo en 1995 se sentaron las bases de un sistema que tenía la doble intención de excluir al Sistema de la Seguridad Social de la confrontación partidista y garantizar que las reformas estuvieran sostenidas por decisiones de carácter técnico que aseguraran su sostenibilidad.

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Por lo que, “hacer las pensiones dependientes de los Presupuestos Generales del Estado supondría un riesgo de politización de un sistema cuyo funcionamiento debe respetar sus dos pilares esenciales:  aseguramiento mutuo colectivo y solidaridad intergeneracional”.

Otros expertos no lo tienen tan claro y argumentan en contra. Este es el caso de Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, para quien “las pensiones acabarán por incluirse en los Presupuestos Generales del Estado. Eso sí, cuando los tengamos”.

Jesús Pérez, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), es de la misma opinión. A su juicio, no solo acabarán incluyéndose en los presupuestos, sino que “ya se han incluido. De las 14 pagas que reciben los pensionistas, dos ya se realizan a cargo de los presupuestos”.

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