Escrivá se queda solo en la reforma de las pensiones

El plan sobre las pensiones que el ministro de Seguridad Social enviará a Bruselas no gusta a una parte de su Gobierno, a la oposición ni a los sindicatos

La reforma de las pensiones urge en España por dos motivos: la necesidad de hacer viable un sistema público de pensiones que acarrea un déficit crónico y porque el Gobierno tiene que enviar a Bruselas, antes del 30 de abril, un plan con las medidas que integrarán la reforma.

La UE exige la presentación de este plan como contrapartida para que España reciba los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de recuperación.

El plan, que en gran parte sigue la hoja de ruta de las 21 recomendaciones emanadas del Pacto de Toledo a las que se suman otras medidas diseñadas por el Ministerio de Seguridad Social, no cuenta con el apoyo de todos los integrantes del Ejecutivo ni de los sindicatos.

También el PP rechaza algunas de las medidas, lo que hace que el Gobierno, aunque proyecta enviar en fecha el plan a Bruselas, esté dudando de presentarlo tal y como está en el Congreso, ya que teme que sea rechazado.

Con la reforma de las pensiones el Gobierno pretende ahorrar 16.000 millones de euros al año, según ha calculado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

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Las medidas de la discordia

Las dos medidas que más críticas han suscitado son aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años y subir de 25 a 35 años el periodo de cotización para calcular las pensiones. La primera generaría un ahorro al país de 0,8 puntos del PIB y la segunda supondría un ahorro de 0,6 puntos.

Ambas fueron propuestas por la Airef, de la que José Luis Escrivá fue presidente antes de ocupar su cargo en el ministerio.

Los más combativos con estas medidas han sido los socios de gobierno del PSOE, Unidas Podemos, que propusieron reducir la edad de jubilación a los 65 años. En 2021 la edad legal de retiro son los 66 años, mientras la edad real ronda los 64 años.

La cabecilla de las protestas del partido morado es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que argumenta que el cambio de cómputo no se contempla ni en el programa de gobierno acordado entre el PSOE y Unidas Podemos ni en las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones. Alega para rechazarlo que supone un "recorte duro en materia de pensiones".

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De la misma opinión es Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), ya que, “en general, es en los últimos años de vida laboral cuando los salarios son más elevados y alargar el periodo contabilizado supondría incluir ejercicios de menor cotización, lo que reduciría el montante de las prestaciones”.

Esta bajada alcanzaría de media un 5%, según ha calculado Robert Meneu Gaya, director del Departamento de Matemáticas para la Economía y la Empresa de la Universidad de Valencia.

Otros de los críticos con esta medida son los sindicatos que la consideran “inadmisible”. Por ello, han amenazado con emprender movilizaciones en febrero si la propuesta sigue adelante. Para no 'salir a la calle' piden a José Luis Escrivá que desarrolle las recomendaciones del Pacto de Toledo a través del diálogo social.

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También el Partido Popular, ha reprobado aumentar 10 años el periodo para calcular las pensiones. Según su portavoz en el Senado, Javier Maroto, se trata de una "trampa".

Para computar las prestaciones, este año se tienen en cuenta los últimos 24 años de cotización, que aumentarán hasta los 25 años en 2022, según establece la última reforma de las pensiones de 2011.

Ante tanta crítica, José Luis Escrivá se está quedando solo defendiendo una reforma con la que quiere frenar la hemorragia de gastos que desangra a la Seguridad Social y que va a más.

Según recoge el Plan Presupuestario que el Gobierno envió en octubre a Bruselas, el déficit de la Seguridad Social en 2020 alcanzaría un 4,1% del PIB, una cifra equivalente a más de 45.300 millones de euros.

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