Jubilación

Jubilación. Los cuatro pilares en los que se sustentará la reforma de las pensiones

Eliminar gastos impropios, actualizar las pensiones según el IPC, acercar la edad real a la edad legal de jubilación e incentivar los planes de pensiones de empresas son los cimientos de la nueva normativa sobre pensiones.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá

La reforma de las pensiones cada vez está más cerca. Los componentes de la Comisión el Pacto de Toledo ultiman las recomendaciones sobre las pensiones que tienen que presentar al Gobierno y que serán la hoja de ruta de la próxima reforma.

Mientras tanto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trabaja en cuatro líneas de actuación en las que se cimentará la reforma:

Sacar de la Seguridad Social los gastos impropios

Traspasar los gastos impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado es una de las principales medidas que prevé impulsar Escrivá para hacer sostenible el actual sistema público de pensiones y acabar con el déficit que arrastra la Seguridad Social y que este año puede superar los 25.000 millones de euros, lo que supondría un 2% del PIB.

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Estas partidas integran los gastos de políticas no contributivas que ascienden a 11.305 millones; las deducciones en las cotizaciones de autónomos, trabajadores agrarios y empleados de hogar que rondan los 1.818 millones y la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, que alcanzan los 2.953 millones.

Además del complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones).

En total, suman más de 22.800 millones que, según Escrivá, si se sacaran de la Seguridad Social “equilibrarían las cuentas del sistema”.

Esta medida ha sido muy bien acogida por los expertos que consideran que estos gastos impropios no deberían correr a cargo de la Seguridad Social.

Para Gonzalo Núñez Sarompas, profesor del CEF, “esas partidas no deberían estar integradas un sistema como el de la Seguridad Social cuya filosofía es la aportación y el reparto entre trabajadores”.

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En su opinión, “las políticas que tratan de garantizar suficiencia de ingresos familiares en situaciones de necesidad son de carácter social y, por tanto, su financiación no debería producirse por la vía de cotizaciones sino de impuestos. Como tampoco debe hacerse cargo la Seguridad Social de las bonificaciones o subvenciones establecidas para fomentar el empleo o los complementos a mínimos de las pensiones”.

Actualizar las pensiones con el IPC

Revalorizar las pensiones conforme a la evolución del IPC es otra de las medidas que está en la cartera del ministro Escrivá, y que cada vez está más cerca de implantarse.

Según ha afirmado esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la voluntad el ejecutivo es actualizar las pensiones en función del IPC en 2021, aunque no ha precisado el incremento previsto.

Este año las pensiones se han revalorizaron un 0,9% y todo hace pensar que esta pueda ser también la subida para el próximo ejercicio.

Con esta medida el Gobierno de Pedro Sánchez pretende acabar con el índice de revalorización de las pensiones aprobado por el Gobierno del PP y que establece una subida anual del 0,25%.

Acercar la edad real de la jubilación a la edad legal

Alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal es otro de los objetivos del Ministerio de Seguridad Social, por lo que está trabajando en una serie de medidas para incentivar el retraso de la jubilación y penalizar las jubilaciones anticipadas.

En España la edad legal de retiro pasó en 2011 de los 65 años a prorrogarse hasta los 67 en 2027. Este año es de 65 años y 10 meses para aquellos que tienen menos de 37 años cotizados. No obstante, la jubilación real ronda los 64 años.

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Las dos fórmulas con las que cuentan los trabajadores para prolongar su vida laboral, y que pueden cambiar tras la reforma de las pensiones, son la jubilación demorada y la jubilación activa, pero, como ha reconocido el ministro, apenas tienen adeptos, solo un 5% de los trabajadores, por ello, desde su departamento estudian cómo mejorar estos incentivos en la próxima reforma.

En opinión de Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), los incentivos para prolongar la vida laboral suponen un gran beneficio tanto para las empresas como para los trabajadores, y es una "gran opción" para poder mantener nuestro sistema de pensiones de cara al futuro.

También para Jesús Pérez, profesor del IEB, se trata de una buena medida para dar sostenibilidad al sistema público de pensiones.

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"En la próxima reforma se debería limitar la laxitud de acceso a la jubilación mediante la puesta en marcha de los porcentajes reductores de la base reguladora de la pensión, con el fin de elevar la edad media efectiva de acceso a la pensión de los 64 años y cinco meses actuales a los 67 años”, señala el experto.

Potenciar los planes de pensiones de empleo

Otra de las medidas en las que trabaja el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es en la implementación de una política de incentivos para los planes de pensiones de empresas -a costa de los planes de pensiones privados- que ayuden a los trabajadores a no perder poder adquisitivo cuando lleguen al retiro.

“Los planes de pensiones individuales no cumplen su objetivo de aumentar el ahorro para la jubilación, por lo que vamos a desplazar los incentivos fiscales que ahora tienen hacia los planes de pensiones de empleo”, ha asegurado Escrivá.

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Argumenta que la decisión de incentivar a los planes de empleo frente a los privados en la próxima reforma de las pensiones se debe a que estos últimos están dando menor rentabilidad a sus participes, una media del 2,8% en los últimos 10 años, frente al 4% de los planes de empresa.

A su juicio, tienen más defectos que virtudes y uno de ellos es que son “productos muy caros”.

Esta iniciativa ha sido muy criticada por el sector financiero, ya que tanto gestoras como aseguradoras consideran que incentivar un modelo de plan de pensiones no significa perjudicar al otro. Tampoco los expertos creen que sea un cambio efectivo.

En opinión de Gonzalo Núñez Sarompas, desde el punto de vista de la Seguridad Social, “no se percibe el beneficio de esta medida por el reducido peso que los planes de empleo tienen actualmente respecto a los planes de pensiones individuales, de modo que si lo que se pretende es establecer un complemento privado al sistema público de pensiones para garantizar un mayor nivel de renta a los futuros pensionistas, no parece que esta medida vaya a ser efectiva al no alcanzar a la mayor parte de quienes se jubilarán en los próximos años”.

Estas cuatro líneas de actuación que ahora se debaten en la Comisión del Pacto de Toledo han generado un amplio consenso entre sus integrantes, por lo que según políticos y expertos serán la base en la que se asentará la futura reforma de las pensiones.

 

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