Asociación gallega se persona en caso Popular para defender a sus accionistas

La Asociación Gallega de Consumidores y Usuarios (Acouga) ha sido admitida como parte en el procedimiento que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid para defender a los accionistas gallegos del Banco Popular que adquirieron acciones de esta entidad, comprada por el Santander.

La entidad ha presentado hoy en A Coruña las acciones que emprenderá en favor de los perjudicados gallegos con la "única condición" para la adhesión a la demanda de que los interesados "se conviertan en asociados de Acouga", ha explicado en rueda de prensa Manuel Pérez, presidente de la entidad.

Acouga ofrece representar "los intereses de todos los accionistas gallegos que sean consumidores", por lo tanto, que no sean empresas, con el fin de "no tener que depender de terceras entidades que ya están en el procedimiento pero que tienen su centro de decisión lejos de aquí" y "donde se nos ve a los consumidores, sobre todo si somos de la periferia, como puros números".

"Si lo fiamos todo a otras entidades, dependemos de la negociación", ha explicado el abogado Xoán Antón Pérez Lema, secretario general de la asociación, que ha apuntado el objetivo de priorizar con esta acción civil la indemnización, "que cobren los consumidores gallegos", más que la acción penal y que los culpables "vayan a la cárcel".

Por el momento, no disponen de una estimación de accionistas gallegos que puedan incorporarse a esta iniciativa, si bien comenzarán a plantearla a aquellos que han presentado demandas por la vía civil y después harán un llamamiento público en redes sociales y página web, o mediante otro tipo de publicidad.

El plazo límite lo marcará la fecha en la que se haga el escrito de acusación, toda vez que la asociación se personó el pasado 2 de octubre en el juzgado madrileño y ha sido admitida como parte legítima en el procedimiento, ha indicado el letrado.

"Es un auténtico enjuiciamiento al sistema bancario", ha subrayado Pérez Lema, que ha explicado que este tiene "interconexiones con esferas" el poder político, de la administración o el control bancario a través del regulador.

Según Pérez Lema, esta "alarma" y la cantidad de gente que contactó con la asociación en la búsqueda de soluciones a sus casos fue lo que animó a Acouga a presentar esta demanda contra el Banco Popular en el juzgado madrileño, pues la entidad tenía en Galicia muchos accionistas, sobre todo "por la tradición del Banco Pastor", absorbido por el Popular.

Esta fusión por absorción tuvo "gran impacto" en la comunidad y en su economía, ha argumentado el abogado, que ha distinguido entre la ampliación de capital de junio de 2016 susceptible de acciones civiles de nulidad, lo que ya se está presentando en los juzgados, y aquellos consumidores que compraron acciones con anterioridad.

Tras asegurar que hubo "ciertas presiones" en la concesión de préstamos para la compra de acciones a empresas que dependían del crédito del Popular, Pérez Lema se ha referido a la información "insuficiente y defectuosa", a la doctrina Bankia, como base para el proceso en curso.

Para aquellos accionista anteriores a la ampliación de capital en 2011, Acouga ha descartado la querella criminal por el momento para centrarse en personarse en las diligencias previas que están abiertas con el fin de darle solución a todos estos accionistas.

"Pensamos que de esta investigación habrá méritos suficientes para llevar a juicio no solo a los Consejos sino también a la auditora y al propio Banco Popular, y poder ejercer la acción civil para conseguir una indemnización a los accionistas", ha continuado.

El contenido de dicha indemnización que pedirá Acouga se basará en la pérdida de valor medio en los últimos dos años de la inversión, ya que "no será posible" alcanzar la devolución de lo invertido más intereses, ha matizado.

No obstante, estos "son procedimientos bastante lentos" y se tardará "mínimo dos o tres años en conseguir estos objetivos".

El presidente de Acouga ha calculado en unos dos mil los afectados en Galicia que han acudido a esta entidad para solicitar información desde que se formalizó la venta del banco el pasado mes de junio, si bien el abogado Pérez Lema ha estimado en un cómputo global en Galicia en más de diez mil los afectados.

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