Revista Inversión

La inseguridad jurídica ahuyenta la inversión de España

El sector financiero reclama un marco fiscal estable para fomentar y retener el ahorro

Una de las demandas más recurrentes del sector financiero en España es acabar con la inseguridad jurídica en materia fiscal.

La última vez que se ha solicitado ha sido en la asamblea general que Inverco celebró el 3 de junio donde se insistió en la urgente necesidad de instaurar un marco fiscal estable que fomente y retenga el ahorro y la inversión en España. 

Porque si algo caracteriza a la fiscalidad del ahorro en nuestro país son sus continuos cambios, sobre todo en materia de pensiones, informa la revista INVERSIÓN en su número de esta semana. Puede suscribirse desde 3 euros por semana o acudir a su quiosco (4 euros).

Un ejemplo son los planes de pensiones, un ahorro finalista a largo plazo que en los últimos 20 años ha sufrido continuos recortes de incentivos tributarios.

El último derivado de la reforma fiscal de 2015, que rebajó la aportación máxima a desgravar desde los 12.000 euros a los 8.000.

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Pero no son los únicos. El IRPF es otro ejemplo. Este impuesto aplica un gravamen reducido para las rentas del ahorro que ha pasado del 15 por ciento a situarse entre el 19 y el 23 por ciento, y que el Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias pretende subir otra vez, ahora hasta el 27 por ciento para las rentas más altas, lo que afectará a cerca de 60.000 contribuyentes.

Otra parte de la inestabilidad tributaria la generan las comunidades autónomas encargadas de gestionar impuestos como los de patrimonio y sucesiones y donaciones.

«El hecho de que tengamos en España 17 jurisdicciones fiscales hurgando continuamente en determinados impuestos no ayuda a instaurar un marco fiscal estable», señala Javier Collado, profesor de Tributación y Asesoría Fiscal del Centro de Estudios Financieros (CEF).

Lo que tampoco ayuda es la incertidumbre generada por las continuas amenazas de subir la tributación de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) recogidas en la mayoría de los programas electorales de los partidos políticos.

Algunos van más allá, como Unidas Podemos, que se comprometió a eliminarlas por considerarlas un producto de inversión «para ricos». Esto ha desmotivado a muchos inversores a abrir nuevas sicavs en España y ha hecho que otros se las lleven a países como Luxemburgo o Irlanda buscando mayor seguridad.

«Todas estas medidas hacen de España un país inseguro para el refugio de grandes patrimonios individuales», advierte Collado. Considera que el nuestro es uno de los países con mayores cambios legislativos y con legislaciones tributarias más complejas, lo que genera una «altísima inseguridad jurídica» y frena el ahorro en España cuando más lo necesita.

En economías fuertemente endeudadas como la nuestra -la deuda pública alcanzó en marzo el máximo histórico de 1,22 billones de euros y ya equivale al 98,3 por ciento del PIB-, disponer de una amplia masa de ahorro doméstico es un importante mecanismo estabilizador.

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La ausencia de una fiscalidad estable también frena la inversión, a juicio de Ricardo Perpiñán Girol, secretario de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget). Pero no solo, además impulsa a ahorradores e inversores a deslocalizar su capital a otros países con políticas económico-fiscales más amigables.

Para evitarlo, los ahorradores tienen que saber con qué beneficios fiscales van a contar a largo plazo y cómo se va a gravar su capital invertido.

Medidas urgentes

Por ello, garantizar la seguridad jurídica del sistema tributario español es el primer objetivo que debe marcarse el Gobierno para impulsar el ahorro, señala Cristina Mayo, socia del área fiscal de finReg360 y experta en fiscalidad de productos y servicios financieros.

Otras medidas más concretas para fomentarlo son “primar el ahorro a largo plazo tanto en fondos de inversión como en planes de pensiones”, propone Elisa Ricón, directora general de Inverco.

Los incentivos fiscales al ahorro en planes de pensiones en España apenas alcanzan el 16 por ciento

Y una forma de hacerlo es mejorando la tributación de los planes de pensiones, que, si bien en el momento de la aportación el capital se reduce en la base imponible del IRPF, como salario diferido, en el momento del cobro se integra en su totalidad acumulándose al resto de rendimientos del trabajo que haya podido percibir el contribuyente, tributando al marginal.

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Esto hace que el estímulo fiscal a los  planes de pensiones en España sea uno de los más bajos de la OCDE. Así, los países con los sistemas de pensiones más desarrollados como Países Bajos, Estados Unidos, Australia, Canadá, Dinamarca o Suiza otorgan a sus partícipes incentivos que van del 20 al 40 por ciento del valor de las aportaciones.

Mientras que los incentivos fiscales al ahorro en planes de pensiones en España apenas alcanzan el 16 por ciento.

Otra medida apuntada por Javier Collado consiste en que los impuestos que gravan el ahorro sean de competencia estatal e idénticos en todo el territorio nacional, independientemente de la comunidad en la que viva el ahorrador o en la que tenga su inversión.

Evitar la fuga de capitales

Solo generando un marco fiscal estable y seguro para el ahorro y la inversión se podrán evitar movimientos como los ocurridos en abril, cuando un tuit de Pablo Iglesias en el que aseguró que la riqueza del país estaba subordinada al interés general desencadenó una fuga de capitales de España hacia bancos de Luxemburgo y Suiza.

La deriva populista que tomó el Gobierno no gustó a los ahorradores que deslocalizaron sus ahorros a plazas más seguras. «Estas declaraciones del vicepresidente segundo junto a sus anuncios de subidas impositivas generan inseguridad jurídica que puede frenar las previsiones de inversión y la actividad de las empresas», asegura Ricardo Perpiñán.

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Otro ejemplo se produjo en 2017 tras celebrarse el referéndum de independencia de Cataluña, cuando muchos ahorradores trasladaron sus depósitos bancarios a otras comunidades autónomas con el propósito de protegerlos.

Según fuentes de la Asociación Española de la Banca, los ahorradores catalanes retiraron 29.429 millones de euros en 2017 de los bancos ubicados en esta comunidad, lo que supuso el 16,4 por ciento del total de los depósitos.

La fuga de capitales de España puede continuar si desde el Gobierno siguen proponiendo medidas fiscales contra el ahorro como la subida de impuestos a las sicavs o eliminando incentivos al ahorro finalista cuando la sostenibilidad del sistema público está en entredicho.

Por ello, el Gobierno, como demanda Inverco, debe impulsar un marco fiscal seguro para el ahorro, ya que en una situación económica como la actual lo que necesita el país es seguridad jurídica, no más incertidumbre.

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