¿A qué precio debería venderse el carbono?

Los países del G-20 dan respuestas poco homogéneas al carbono, lo que complica la lucha contra el cambio climático

Hace una semana, China daba el pistoletazo de salida al mayor mercado de carbono del mundo. Más allá de su tamaño, uno de los puntos más controvertidos es si realmente será útil para combatir el cambio climático.

Uno de los puntos débiles que plantea el precio del carbono -y que preocupa especialmente a las empresas porque condiciona su rentabilidad-, es que el castigo a la contaminación atmosférica corporativa es muy desigual entre países.

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Algo que no solo crea diferencias de competitividad, sino que es insuficiente para impulsar a las empresas a afrontar el proceso de transición energética de una manera homogénea.

De acuerdo con un informe del Banco Mundial, solo cuatro de las economías que forman parte del G-20 contarían con precio del carbono por encima de los 40 dólares.

Entraría dentro de lo que se considera el rango suficiente (40-80 dólares) para fomentar que las compañías inviertan en su proceso de descarbonización.

Solo cuatro economías del G-20 soportan un precio del carbono suficiente para frenar el cambio climático

El desequilibrio entre continentes es, además, muy destacable. Los países con un precio de carbono por encima de esa cifra son europeos. 

Italia, Francia, el Reino Unido y Alemania soportaron en 2020 el mayor coste. Canadá fue el quinto, pero con un precio de 31 dólares se quedaría por debajo del mínimo.

La puesta en marcha del mercado de carbono en el gigante asiático no estaría sirviendo para corregir la situación, ya que los precios de los contratos cotizan por muy debajo de esta barrera.

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Así, una de las grandes operaciones que se ha cruzado en la semana inaugural del nuevo parqué chino la ha protagonizado la petrolera china, Sinopec a un precio equivalente de 8,42 dólares.

Es decir, que el precio de los contratos no solo están muy por debajo de los 40 dólares, sino que para el gigante asiático es siete veces más barato contaminar que para petroleras europeas como la italiana Eni o la francesa Total.

El mecanismo de corrección europeo

Esta desigualdad es más profunda ya que ni siquiera todas las grandes economías del mundo cuentan con un sistema que fuerce a las empresas a pagar cuando contaminan.

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Para Europa, por tanto, su apuesta por reducir las emisiones hoy por hoy genera un sobrecoste para sus empresas, que le habría llevado a crear el Carbon Border Adjustment Mechanism como una barrera para frenar otra oleada de deslocalizaciones a la búsqueda de geografías más laxas en esta materia y también la búsqueda de otros mercados más económicos para aprovisionarse de cemento o acero.

Aunque el modelo de la Unión Europea no gusta al Fondo Monetario Internacional (FMI), que prefiere establecer un precio suelo mundial al carbono, parece que los Estados Unidos están dispuestos a crear su propio arancel climático.

Sin la primera economía del mundo dando un paso de este tipo, Europa se quedaría un poco coja a la hora de tratar de empujar la transición energética, ya que necesita de la fuerza tractora estadounidense para forzar la descarbonización de sus grandes socios comerciales.

No existe ningún sistema punitivo para los países que se salten el Acuerdo de París, excepto un peor trato comercial y nadie puede contar con que los Republicanos, si vuelven a la Casa Blanca, no vayan a echar el freno a las medidas que está poniendo en marcha la Administración Biden y que necesitarán varios años para fraguar.

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El propio mecanismo que propone la Unión Europea va a tardar años en estar en vigor y habrá que ver hasta dónde las reticencias individuales de cada país matizan la propuesta.

Un entorno demasiado inestable todavía -el G-20 por ahora solo ha reconocido la importancia del precio del carbono para la lucha contra el cambio climático- como para dar credibilidad a todos los compromisos ‘net zero’ que van anunciando los distintos gobiernos.

Lo primero, resolver el problema del precio y pensar en una transición justa, como reclama el activismo. Los países en vías de desarrollo no deberían ser los más damnificados en una guerra arancelaria. La parte buena es que tampoco son los más contaminantes; pero China sí.

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