Berkeley se queda sin la planta de Retortillo

El Consejo de Seguridad Nuclear desautoriza la construcción de la planta de uranio de Berkeley en Retortillo (Salamanca)

Berkeley recibe la comunicación desfavorable definitiva para la construcción de su planta de fabricación de concentrados de uranio en Retortillo, Salamanca, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según ha informado el organismo a través de un comunicado.

La decisión se produce tras aplazar el dictamen del viernes a este lunes a petición de uno de sus consejeros, Javier Díes, en un proceso que ha estado plagado de acusaciones por ambas partes.

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Los títulos de la minera de origen británico, que arrancaron la sesión con alzas de hasta el 6 por ciento reciben la noticia con caídas superiores al 12 por ciento lo que lleva al valor a terreno negativo a nivel anual.

Recurso judicial de Berkeley

Hasta la resolución el cruce de acusaciones entre el CSN y Berkeley ha sido incesante. El último en pronunciarse fue el presidente del Consejo, José María Serena i Sender, que aseguró que el Congreso recibió presiones para la aprobación desde Berkeley, la cual esgrime su planta no podía entrar en la nueva Ley de Cambio Climático.

La minera señaló que si llegaba la prohibición actuaría judicialmente para defender sus intereses al entender que sus pretensiones sobre Retortillo son "lícitas" y conforme a derecho en base a la nueva legislación energética, la cual "no interfiere en las solicitudes previas al anteproyecto de ley", según exponía la compañía en su último comunicado al respecto a la CNMV.

Por su parte, el CSN, afirma haber recibido hasta cinco cartas sobre el informe de la planta, que habrían llegado desde Berkeley, en las que se les acusaba de tomar decisiones en base a consideraciones “ideológicas y políticas y no técnicas”.  

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La problemática del artículo 10 de la Ley de Cambio Climático

La disputa viene por la enmienda sobre el artículo 10 de la Ley sobre la investigación y explotación de minerales radiactivos la cual, expuso Berkeley "se mantuvo sin cambios en la enmienda modificada en febrero y posteriormente aprobada por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso y el Senado español".

El artículo toca al corazón del negocio pues de él se desprende que las nuevas concesiones de exploración, investigación o explotación directa de proyectos radioactivos no serán aceptados y únicamente continuarán las concesiones existentes y los "procedimientos y solicitudes abiertas relacionadas con estos trabajos", a los cuales se agarra la minera.

En base a ello, defiende que posee "derechos legales, válidos y consolidados para la investigación y explotación de sus productos mineros, incluida una lincencia válida por 30 años para la mina de Salamanca".

Lenguaje combativo y proyecto polémico

La compañía siempre defendió que esta prohibición sería "contraria a la Constitución española y a los derechos empresariales reconocidos también por otros instrumentos internacionales". 

Por ello, calificó a la aprobación de enmiendas como algo "inaceptable" si tenían efecto retroactivo a las licencias ya concedidas o solicitadas pues supondría acabar con las "licencias legales" de sus explotaciones en el país.

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El caso es que la sociedad tenía en Retortillo una mina de uranio a cielo abierto con licencia para 30 años y renovable para otros 30 más.

El proyecto ya levantó polémica desde sus inicios por la materia prima en cuestión y el impacto medioambiental que producía, pero Berkeley cuenta con todos los requisitos necesarios para desarrollar su actividad, según sus comunicaciones al mercado.

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