La inflación amenaza con dar la puntilla definitiva a las pensiones de los baby boomers

En los dos años que José Luis Escrivá lleva al frente del Ministerio de Seguridad Social ha tenido que afrontar una tormenta perfecta desatada por las presiones recibidas para diseñar la reforma de las pensiones y por el aumento en vertical de la inflación.

A Escrivá se le han abierto muchos frentes. Por un lado, Bruselas le presiona para reducir el gasto en pensiones que posibilite hacer viable el sistema. Por otro, los socios del Gobierno (Unidas Podemos) y los sindicatos le ponen cortapisas para implementar medidas que lo reduzcan.

Y, ahora, una inflación disparada puede dar al traste con la medida estrella de su reforma: vincular las pensiones a la evolución del IPC para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

El riesgo de engrosar un déficit de 100.000 millones

Muchos se lo advirtieron, pero el ministro hizo caso omiso a estos avisos. Los expertos opinan que la indexación de las pensiones a la inflación aumentará el déficit de la Seguridad Social, que ya acumula una deuda cercana a los 100.000 millones de euros, y amenazará la sostenibilidad del sistema debido al desfase entre ingresos y gastos.

Y este peligro es ahora inminente con la subida de la inflación, que en febrero se disparó un 7,6 por ciento, y con un IPC medio previsto para este año en Europa del 5,1 por ciento, según ha anunciado Christine Lagarde, presidenta del BCE.

Suponen casi dos puntos más que el 3,2 por ciento pronosticado en diciembre. Pero podría ser peor, en el escenario más severo planteado por el banco central, la inflación puede alcanzar el 7,1 por ciento este año. La revista Inversión estimó que el dato en diciembre será del 7 por ciento.

Una nómina en pensiones cercana a los 10.755 millones

Un incremento de la inflación del 5,1 por ciento, como el que prevé Lagarde, supondría para España aumentar el gasto en pensiones en 7.700 millones de euros anuales, calcula Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE.

Los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social establecen que la nómina de las pensiones en febrero ascendió a 10.755,51 millones de euros, lo que supone el 12 por ciento del PIB.

Con la tendencia de incremento del gasto España puede finalizar 2022 con una nómina cercana a los 11.000 millones de euros mensuales, indica Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España, lo que “supondría un aumento de aproximadamente 7.700 millones de euros anuales”. “Unos 1.530 millones por cada punto porcentual”.

Una subida que “nuestro sistema de pensiones no se puede permitir si no se acompaña de otras medidas que reduzcan ese déficit. Y lo peor es que las medidas ya aprobadas y las previstas no van a reducirlo sino a aumentarlo, como ocurre con la vinculación de las pensiones al IPC”.

Una vinculación muy cuestionada

La subida de las pensiones en función de la inflación ha sido muy cuestionada por los expertos. José Antonio Herce, fundador de la consultora LoRIS y miembro del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, considera que se aumenta el gasto en pensiones sin justificación social. Lo que podría suponer un incremento del gasto entre 2,3 y 5 puntos porcentuales del PIB.

También Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), cree que la sustitución del factor de revalorización de las pensiones por el incremento del IPC generará una necesidad mayor de disponer de fondos públicos para los pensionistas, por lo que repercutirá en un mayor déficit del sistema.

Lo peor estaba por venir

Cuando el Gobierno aprobó esta medida, “nadie se imaginaba que la inflación pudiera subir tanto como lo está haciendo, lo que va a generar un importante aumento del gasto, ya que las cotizaciones crecerán menos que la nómina de las pensiones", señala Devesa. Lo que, a su juicio, “pone en riesgo el sistema público de pensiones”.

El riesgo aumenta si se tiene en cuenta que se acercan a la edad de jubilación los 14 millones de ciudadanos de la generación baby boomer, nacidos entre 1957 y 1977, que además recibirán unas pensiones más altas que las actuales.

Por ello, si la inflación sigue subiendo, “será difícil asumir una revalorización de las pensiones tan elevada, lo que afectará a los futuros jubilados mediante una más que probable reducción de sus pensiones”, augura Devesa.

Y para hacer frente al aumento del gasto en pensiones, “el Gobierno tendrá que tirar nuevamente de deuda”, remarca Menéndez, “lo que puede poner en serios problemas no solo al sistema de pensiones sino también a nuestra economía".