El cálculo de las pensiones pone a Escrivá contra las cuerdas

El ministro Escrivá sigue sin pronunciarse sobre si se ampliará o no el periodo de cómputo para calcular las pensiones

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se muestra tibio al hablar sobre los cambios que se van introducir en la segunda pata de la reforma de las pensiones relacionados con el periodo utilizado para calcular la pensión de jubilación.

Esta vez ha sido en unas declaraciones realizadas a Canal Extremadura cuando ha asegurado que en la reforma tratarán de introducir fórmulas que hagan “más equitativo” el sistema público de pensiones y que "no necesariamente" va a plantear un incremento del periodo de cálculo. A su juicio, “el periodo de cálculo puede, o no, ser un elemento de discusión".

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El ministro no se moja al respecto porque sabe que pronunciarse puede generar nuevas polémicas que podrían derivar, incluso, en una crisis de Gobierno.

Como con la que amenazó el entonces secretario general de Unidas Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al declarar que esta medida sería “una línea roja” que no estaba dispuesto a cruzar y que si llegaba al Parlamento “se rompería la coalición de Gobierno”.

Esto ocurrió en diciembre de 2020 cuando se habló sobre una posible ampliación de 25 a 35 años del periodo de cálculo.

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Entre dos frentes

Escrivá está maniatado. Por un lado, los sindicatos y su socio de Gobierno, con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, a la cabeza, se oponen frontalmente a la medida.

Por otro, desde Bruselas exigen al ejecutivo español, como condición para seguir recibiendo los fondos europeos del Next Generation, medidas tendentes a ampliar el cálculo de las prestaciones que salvaguarden la sostenibilidad del sistema.

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Así, en el 'Operational Agreement', un pacto suscrito entre el Gobierno español y la Comisión Europea que recoge las condiciones que España tiene que cumplir para recibir los fondos europeos del Plan de Recuperación, aparece que a partir de 2022 debía entrar en vigor en España "un ajuste del periodo de cálculo para estimar la edad de jubilación" y es necesario "extender el cálculo de los años" para establecer la cuantía de la pensión a recibir.

De hecho, en 2022 ha aumentado el periodo de cálculo, pero solo en un año, hasta los 25. Esta medida estaba recogida en la reforma de las pensiones de 2011, que amplió periodo cálculo de 15 a 25 años de forma gradual desde 2013 a 2022. Lo que produjo una pérdida media de las pensiones que rondó entre el 6 y el 7 por ciento para salarios de 30.000 euros.

Una medida mala para los trabajadores y buena para el sistema

Es precisamente esta pérdida que se produciría al aumentar de 25 a 35 años el periodo de cálculo la que suscita la polémica.

Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), cree que "el aumento conlleva para la mayoría de los trabajadores una bajada de la pensión, ya que, en general, en los últimos años de vida laboral las cotizaciones suelen ser superiores a las de los años en que comenzamos a trabajar".

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Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, apoya esta tesis con números y calcula que la merma de las pensiones podría alcanzar un 8,8 por ciento. Una cifra muy similar al 8,6 por ciento establecida en un informe elaborado por las universidades de Valencia y de Extremadura.

En lo que los expertos sí dan la razón al ministro es en que no afectará por igual a todos los jubilados. Según José Luis Escrivá, para el 30 por ciento de los trabajadores sus últimos años no son los mejores, por lo que, a su juicio, ampliar el cómputo del cálculo les beneficiaría.

Lo positivo del cambio es que beneficiaría la viabilidad del sistema público de pensiones. José Antonio Herce, fundador de la consultora LoRIS y experto en pensiones, cree que además de contribuir a reducir el gasto en pensiones, "ayudaría, sobre todo, a racionalizar el sistema y a hacerlo más contributivo, es decir, más justo desde el punto de vista actuarial".

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Reconoce que es solo una más de las muchas soluciones que habría que adoptar para dar sostenibilidad al sistema público de pensiones.

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