Escrivá se ceba con los salarios para subir las pensiones con un sistema "insostenible"
La segunda parte de la reforma de las pensiones comprometerá la viabilidad del sistema al originar más gastos que ingresos. Para pagarlas detraerá 15.000M a los salarios
La aprobación de la segunda parte de la reforma de las pensiones está cada vez más cerca. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, llegó el viernes a un acuerdo con Unidas Podemos y obtuvo el visto bueno de la Comisión Europea.
En esencia, el pacto supone un golpe de 15.000 millones de euros para los asalariados. La intención de Escrivá es usar esa recaudación extra para subir las pensiones al ritmo de la inflación.
Los sindicatos y la mayoría de los socios de legislatura ven con buenos ojos el contenido de la reforma y el Gobierno confía en que apoyen en el Congreso el decreto ley para que entre en vigor lo antes posible.
En el lado opuesto están los partidos conservadores y los empresarios, que consideran que la reforma es "regresiva en toda su extensión" porque implica "más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión".
Tampoco a los expertos en pensiones les convencen las propuestas que el ministro Escrivá ha presentado a los agentes sociales, debido a que el incremento de gastos que suponen puede comprometer la viabilidad del sistema público de pensiones.
Reconocen las nuevas medidas beneficiarán a los futuros jubilados, sobre todo a los que hayan tenido durante su carrera profesional lagunas o periodos de menor cotización.
Pero "al aumentar el gasto nuevamente se pone en riesgo la solvencia de nuestro sistema de pensiones, que es el principal problema que debemos de afrontar", señala Miguel Ángel Menéndez, director de negocio de previsión social de Mercer.
También Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, cree que las nuevas medidas generarán más gastos que ingresos.
Argumenta que "estas medidas suponen un empeoramiento de la sostenibilidad del sistema público de pensiones porque van a aumentar los costes, respecto al actual sistema”.
La lista sigue: Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), destaca que la mayoría de las propuestas presentadas "generarán un aumento de los gastos en pensiones en el futuro".
Cambios en el periodo de cómputo
Una de las propuestas que incrementará los gastos es la posibilidad de ampliar el periodo de cómputo para calcular las pensiones.
La nueva medida permite que los nuevos pensionistas puedan elegir entre dos modelos para calcular la cuantía de sus pensiones: el actual, que tiene en cuenta los últimos 25 años cotizados, o uno nuevo que amplía el periodo de cómputo hasta 29 años con la posibilidad de descartar los dos años en que se haya cotizado menos, con lo que el periodo se quedaría en 27 años.
Este método, que se implantaría de 2026, "aumentará el gasto en pensiones”, reconoce Casares, ya que “los trabajadores harán cálculos y optarán por la mejor de las dos alternativas”.
Reducir la brecha de género
Otra de las medidas presentadas por Escrivá a los agentes sociales tiene como objetivo reducir la brecha de género en las pensiones mediante dos fórmulas.
La primera establece que los vacíos de cotización a la Seguridad Social se compensen con el 100 por cien de la base mínima los primeros cuatro años y con el 50 por ciento a partir del mes 49.
En el caso de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena se añadiría el 100 por cien de la base mínima hasta el quinto año y el 80 por ciento entre el quinto al séptimo año.
También incrementa el complemento de brecha de genero de las pensiones un 10 por ciento adicional a la revalorización anual de las pensiones durante 2024 y 2025.
Subida de las pensiones mínimas
Otros de los beneficiados por la reforma son los que cobran la pensión mínima contributiva que aumentará para asegurar que converja con el 60 por ciento de la renta media.
Respecto a las no contributivas crecerían hasta converger en 2027 con el 75 por ciento del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.
Incremento de las bases máximas de cotización
Esta medida, que rechazan frontalmente los empresarios, establece un aumento de las bases máximas de cotización entre 2024 y 2050 sumando a la cuantía anual del IPC un incremento fijo de 1,2 puntos porcentuales.
A la vez, las pensiones máximas aumentarán en función de la subida del IPC más 0,0115 puntos porcentuales cada año hasta 2050.
El ministro también propone crear una cuota de solidaridad para la parte del salario que ahora no cotiza, la que queda por encima de la base máxima que este año está fijada en 53.946 euros anuales.
Sería del 1 por ciento a partir de 2025 e iría aumentando un 0,25 puntos cada año hasta llegar al 6 por ciento en 2045.
Mecanismo de equidad intergeneracional
El Gobierno también pretende reforzar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ha entrado en vigor este año y que consiste en un incremento del 0,6 por ciento de la cotización a la Seguridad Social.
El 0,5 por ciento a cargo de la cuota empresarial y el 0,1 por ciento a cargo del trabajador.
La novedad consiste en aumentar al 0,6 por ciento una décima al año hasta alcanzar el 1,2 por ciento en 2029.
Un acuerdo difícil
La mesa de diálogo social volverá a reunirse el lunes, pero es poco probable que sus integrantes lleguen a un acuerdo teniendo en cuenta las diferencias entre las partes.
Por un lado, los sindicatos valoran positivamente el contenido de la segunda fase de la reforma, y, por otro, la patronal ha manifestado su "frontal oposición" a lo planteado por lo que alcanzar el consenso al que aspiraba Escrivá se hace difícil.
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