Escrivá inicia la cuenta atrás de su reforma de las pensiones

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuenta con menos de un mes para aprobar la reforma de las pensiones

Al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le queda menos de un mes para lograr uno de sus objetivos, aprobar la reforma de las pensiones antes de que termine el año. Es uno de los compromisos del Gobierno con Bruselas para recibir un nuevo tramo de los fondos europeos.

A Escrivá le urge llegar a un acuerdo con los agentes sociales y prevé reunirse con ellos en la tarde de este lunes para presentarles sus propuestas sobre dos de los puntos más polémicos de la reforma: establecer un nuevo periodo de cómputo para calcular las pensiones y el aumento de las bases de cotización y de las pensiones máximas.

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Un destope conflictivo

Sindicatos y empresarios esperan una propuesta de Escrivá para destopar las bases máximas de cotización y para aumentar las pensiones máximas, que sea “progresiva”, “gradual y suave”, que se lleve a cabo en los próximos años, como ha anunciado el ministro.

Argumenta para ello que en España existe una pensión máxima “relativamente baja” en comparación con la de países de la UE. Nuestra pensión máxima es de 39.466 euros anuales, mientras que en Grecia alcanza los 55.296 euros.

Destopar la base máxima de cotización, que generará un aumento de la pensión máxima, es una de las medidas que el Gobierno incluyó en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas para recibir los fondos de reestructuración.

Establece que "la adaptación del sistema requiere una adecuación gradual de las bases de cotización máximas, que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema".

El tope de las bases máximas de cotización está establecido este año en 4.139,40 euros mensuales (49.672,8 euros anuales). Si se supera esa cantidad, los salarios no cotizan a la Seguridad Social debido a que las pensiones máximas también tienen un tope fijado en 2.819 euros al mes.

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Objetivo: aumentar los ingresos del sistema

Uno de los objetivos que el Ejecutivo quiere lograr con esta subida es incrementar los ingresos de la Seguridad Social para tratar de reducir el déficit que arrastra desde hace años y dar sostenibilidad al sistema de pensiones. Pero los expertos dudan de que este objetivo se consiga.

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Esta medida generaría un incremento de ingresos inmediato por la subida de cotizaciones y posteriormente, poco a poco, un incremento del gasto”, señala Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España.

La idea es subirlas de manera gradual. Se ha hablado de hacerlo en 30 años. Pero esto puede no cumplirse, reconoce Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE.

Argumenta que, al estar las subidas de las pensiones indexadas al IPC, “el próximo año van a subir cerca del 8,5 por ciento, lo que parece contradecir la gradualidad" descrita por Escrivá.

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Añade que, “la dependencia de la pensión respecto del IPC para revalorizar la pensión máxima, deja poco margen de maniobra a no ser que se modifique la ley, lo que implicará que haya revalorizaciones distintas para la pensión máxima y para el resto de pensiones, con unos desajustes difíciles de explicar".

El peligro de "romper” la contributividad

El destope acarrea otro riesgo, a juicio de los expertos, que se “rompa” el principio de contributividad -establece que cada jubilado recibirá una pensión de acuerdo con lo que ha cotizado al sistema- si el Gobierno sube las bases máximas de cotización un 30 por ciento y las pensiones máximas entre un 15 y un 25 por ciento.

Aunque Escrivá, ha preferido hasta ahora no concretar el porcentaje de subida de las bases máximas de cotización, todo apunta a que rondará el 30 por ciento, si se tiene en cuenta que, según fuentes de UGT y CCOO, ya realizó esta propuesta el año pasado.

Respecto a la posibilidad de subir la pensión máxima de forma progresiva entre un 15 y un 25 por ciento, Escrivá lo adelantó en una entrevista publicada en octubre en El Periódico.

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La necesidad de una subida acompasada

La subida a diferente ritmo y en distinto porcentaje de las cotizaciones máximas y de las pensiones no la ven con buenos ojos los expertos.

"El porcentaje de incremento de la pensión debería ser similar al de la cotización", señala Menéndez, ya que, en la actualidad, el diferencial entre la base máxima de cotización y la pensión supera el 25 por ciento. "Si lo incrementamos haremos que el principio de contributividad de nuestro sistema de reparto se rompa".

A Enrique Devesa le parece bien aumentar ambos topes, pero siempre que "vayan a la misma velocidad", ya que "un aumento más rápido de la base máxima de cotización que de la pensión perjudica la contributividad del sistema".

Por su parte, Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), considera que destopar las pensiones máximas es necesario, ya que “los trabajadores que han cotizado con bases de cotización máxima ven reducida su pensión al estar limitada”.

Un cómputo difícil de consensuar

Otra de las propuestas de Escrivá que sindicatos y empresarios esperan recibir esta semana es la relacionada con los cambios en el método utilizado para calcular las futuras pensiones.

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Aunque todavía no ha detallado en qué consistirá, el ministro ha manifestado que está estudiando ajustes paramétricos para beneficiar a los cotizantes cuyos últimos años de vida laboral no son los mejores.

Entre las medidas que baraja está ampliar el periodo de cómputo de las pensiones, excluir del cálculo los peores años de la vida laboral del trabajador y ajustar el tratamiento de las lagunas de cotización.

Estas tres medidas pueden generar pros y contras, tanto para los futuros pensionistas como para la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Cumplir el compromiso con Bruselas

La ampliación del periodo de cálculo está recogida en el Programa Nacional de Reformas de 2022 que el Gobierno envió a la Comisión Europea y que incluye, en su página 29, el compromiso del Ejecutivo de modificar en 2022 el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora que determine el importe de las pensiones.

En un primer momento se habló de que la ampliación del periodo de cálculo podría pasar de los 25 años actuales a los 35 años de carrera previos a la fecha de jubilación.

Si finalmente esto se aprueba, provocaría una bajada de las pensiones de los futuros jubilados, que Enrique Devesa, cifra en el 8,8 por ciento de la pensión inicial.

La ampliación hasta los 35 años se le hace corta a Miguel Ángel Menéndez. Cree que lo más adecuado sería considerar toda la vida laboral para el cálculo de la base reguladora.

Argumenta que de esta manera se adecuarían las cotizaciones efectuadas en la etapa activa a la pensión que se recibe, puesto que, de media, “recibimos mucho más de lo que aportamos y esto hace insostenible nuestro sistema de pensiones”.

El gran beneficiado de la ampliación del periodo de cálculo sería el sistema público de pensiones, ya que, en general, "los trabajadores cotizan menos los primeros años de su vida laboral que los últimos", por lo que los gastos en pensiones serían menores, señala Isabel Casares.

Elegir los 25 años mejores

Una alternativa que beneficiaría a los trabajadores y que, según los analistas, podría introducirse en la reforma de las pensiones, es permitir que el trabajador elija de entre los 35 años, los 25 mejores de cotización, que deberían ser continuados.

En este caso "todos los jubilados maximizarían su prestación o, al menos, la igualarían”, indica Menéndez. Esta capacidad de elección supondría un aumento del 5,6 por ciento de la pensión inicial de jubilación, calcula Enrique Devesa.

La tercera alternativa consistiría en mejorar el tratamiento de aquellos periodos –lagunas- en los que los futuros jubilados no han cotizado a la Seguridad Social.

Lo que desde, el punto de vista contributivo, "no tiene ningún sentido, porque supone añadir cotizaciones ficticias y plantea problemas de equidad", argumenta Devesa.

Isabel Casares va más allá y cree que sería “discriminatorio” para muchos cotizantes y, además, “perjudicaría” al sistema de pensiones por lo que “no sería factible aplicarla”.

Para la secretaria general de Ocopen, la mejor opción para los futuros pensionistas sería elegir las mejores bases de cotización para el cálculo de sus pensiones futuras, pero “el sistema público de pensiones no lo aguantaría”.

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