Las opciones que baraja Escrivá para calcular las pensiones

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, inicia la 'vuelta al cole' con un claro objetivo: aprobar la segunda fase de la reforma de las pensiones antes de final de año.

Para conseguirlo, este lunes reanuda las negociaciones con los agentes sociales a los que presentará sus propuestas sobre dos puntos claves de la reforma: el destope de la base máxima de cotización y el periodo de cómputo para calcular las futuras pensiones.

Más cotización y pensiones más altas

Destopar la base máxima de cotización, que generará un aumento de la pensión máxima, es una de las demandas recurrentes que Unidas Podemos viene haciendo a su socio de gobierno.

Pero este se muestra cauto. Escrivá se ha comprometido a negociar de “manera progresiva” la eliminación de los topes tanto de las bases máximas de cotización como de la pensión máxima. Medidas que recoge el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado por el Gobierno a Bruselas para recibir los fondos de reestructuración.

El documento dice que "la adaptación del sistema requiere una adecuación gradual de las bases de cotización máximas, que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema".

Este año, el tope de las bases máximas de cotización está establecido en 4.139,40 euros mensuales (49.672,8 euros anuales). Si se supera esa cantidad, los salarios no cotizan a la Seguridad Social debido a que las pensiones máximas también tienen un tope fijado en 2.819 euros al mes.

El destope generaría a la Seguridad Social unos ingresos adicionales de 660 millones de euros y los más reacios a que se apruebe son los empresarios, que se verían obligados a cotizar más por sus trabajadores y a aumentar sus costes empresariales.

El cálculo de la polémica

La segunda medida que debe consensuar el Gobierno antes de que termine el año y que más polémica ha generado es cuántos años hay que incrementar del periodo de cómputo para calcular las futuras pensiones de jubilación.

En la actualidad se tienen en cuenta los 25 años previos a la fecha de jubilación y todo apunta que este periodo podría ampliarse hasta los 35 años.

Un aumento al que se oponen los sindicatos y Unidas Podemos debido a que generaría una rebaja de las pensiones para la mayoría de los futuros jubilados.

Según cálculos los expertos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia, ampliar a 35 años el periodo de cómputo supondría una bajada de la pensión media inicial del 8,8 por ciento.

Los autónomos serían los más perjudicados, ya que sufrirían una reducción de un 10,3 por ciento de su pensión inicial frente a la disminución del 8,6 por ciento en el Régimen General.

No obstante, habría trabajadores beneficiados por esta medida, principalmente aquellos que sean expulsados del mercado laboral al final de sus carreras profesionales.

Elegir los mejores años de cotización

Para evitar estos descensos, José Luis Escrivá sopesa dos propuestas: ampliar los años de cómputo y que el trabajador pueda elegir 25 años de cotización excluyendo los peores años de su vida laboral y mejorar el cómputo de las lagunas de cotización -periodos en los que el trabajador no ha cotizado-.

Permitir al trabajador escoger los 25 mejores años originaría una subida de la pensión media del 6,54 por ciento, calcula el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia.

En este caso "todos los jubilados maximizarían su prestación o, al menos, la igualarían”, indica Miguel Ángel Menéndez, director de desarrollo del área de previsión social de Mercer. Sin embargo, “no debería ser el objetivo marcado por el Gobierno y comprometido con Bruselas” añade.

Seguridad social, la gran beneficiada

La mayor beneficiada de ampliar el cómputo a 35 años sería la Seguridad Social, que aumentaría sus ingresos y reduciría el déficit de 11.192 millones de euros con el que cerró el año pasado.

Ampliar el periodo de cómputo a 35 años, “además de aumentar la proporcionalidad contributiva del sistema, ya que el jubilado cobraría la pensión en función de sus cotizaciones por toda la vida laboral, lo que parece más equitativo, produciría una reducción de la pensión media y de los gastos del sistema”, argumentan desde el Instituto BBVA de Pensiones.

Según un análisis de la AIREF, si el cómputo se mantiene en 25 años como hasta ahora, en 2050 la pensión media ascendería a 1.954 euros -casi el doble que en la actualidad-, pero si se consideran los últimos 35 años, la pensión media se reduciría a 1.876 euros, un 4,5 por ciento menos.

Además, la ampliación a 35 años supondría 18.110 millones de euros anuales de ahorro en 2050, pasando el gasto en pensiones del 14,2 por ciento al 13,6 por ciento del PIB, 0,6 puntos porcentuales menos.

También para Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), el gran beneficiado de la ampliación del periodo de cálculo sería el sistema público de pensiones, ya que, en general, "los trabajadores cotizan menos los primeros años de su vida laboral que los últimos".

Minimizar el impacto de las lagunas

Respecto a mejorar el tratamiento de aquellos periodos –lagunas- en que los futuros jubilados no han cotizado a la Seguridad Social, otra propuesta que baraja Escrivá, "no tiene ningún sentido desde el punto de vista contributivo, porque supone añadir cotizaciones ficticias y plantea problemas de equidad", estima Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE.

Isabel Casares va más allá y cree que sería “discriminatorio” para muchos cotizantes y, además, “perjudicaría” al sistema de pensiones por lo que “no sería factible aplicarla”.

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