Sánchez aparca elevar en 8.000 millones el gasto social al asumir las cuentas del PP

«Este no es nuestro Presupuesto, pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado». Con esta afirmación Pedro Sánchez asumía en el debate sobre la moción de censura las cuentas públicas elaboradas por Cristóbal Montoro que solo un mes y medio antes había calificado de «un ataque al Estado del bienestar». Sin embargo, en un guiño al PNV (cuyos votos eran claves para acabar con el Gobierno de Mariano Rajoy) y también a Bruselas y los mercados (preocupados por un giro brusco en la política económica que descontrolara el déficit) el líder socialista aparcó su propuesta de elevar el gasto social en 8.000 millones. Una medida incluida en los 'Presupuestos alternativos' presentados por el PSOE a mediados de abril con una batería de iniciativas en materia de lucha contra la pobreza o de protección de los desempleados que ahora, en el mejor de los casos, deberán esperar a la aprobación de las cuentas de 2019, si es que se producen.

«Los Presupuestos del PP para 2018 son inaceptables. No plantean el crecimiento sobre bases sólidas. No plantean el crecimiento sobre bases justas», recogía el documento 'Hagamos un país mejor' con el que los socialistas pretendían plantar cara a los Presupuestos de Montoro que ahora respetarán. Eso significa que medidas estrella de ese texto no verán la luz durante lo que queda de tramitación parlamentaria de las cuentas nacionales. Así, no se implantará, de momento, el denominado Ingreso Mínimo Vital que recibirían las familias con ingresos inferiores a 17.238 euros al año. Una ayuda que oscilaría entre los 600 y 1.800 euros en función de la renta con la que el PSOE pretendía combatir la pobreza infantil y que costaría 2.400 millones, según sus estimaciones.

Asimismo, el documento también propugnaba recuperar el subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años y acabar con los «recortes» de las prestaciones a parados de larga duración. Todo ello supondría un gasto de 1.200 millones. Además, al respetar los Presupuestos de los populares, el PSOE también renuncia a elevar los recursos a partidas muy sensibles como dependencia, que contemplaban en su propuesta financiar con 715 millones más. También aparca la «dotación extraordinaria» de 983 millones en educación para aumentar las becas y rebajar las matrículas universitarias.

Subida de impuestos

Eso sí, al renunciar a aplicar estos cambios en los Presupuestos también quedan aplazadas las medidas previstas por el PSOE para sufragar ese mayor gasto y que consistían en una subida de impuestos de 6.500 millones. En concreto, el documento recogía un aumento del IRPF para que las rentas superiores a 150.000 euros tributaran al 52%. También elevaba los tipos de las rentas del capital de más de 50.000 euros. En Sociedades proponía un gravamen mínimo del 15% y en cuanto a fiscalidad verde apostaba por equiparar la tributación del diésel y la gasolina (los Presupuestos actuales ya recogen un alza del Impuesto de Hidrocarburos a partir de 2019).

Pero si un tema ha centrado las cuentas públicas han sido las pensiones por la presión de los jubilados en las calles. En este punto el PSOE defiende una revalorización conforme al IPC, algo que ya está en los Presupuestos. Sin embargo, el gran reto estará en saber si Sánchez será capaz de impulsar un acuerdo en el Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema. Montoro apostaba por la creación de un impuesto a las empresas de servicios digitales (la denominada 'tasa Google') para aumentar los ingresos públicos, aunque esta tasa ha quedado en una fase embrionaria. El PSOE proponía la creación de un impuesto extraordinario a la banca y un Impuesto sobre Transacciones Financieras por valor de unos 1.800 millones. Unas iniciativas que cuentan con las reticencias del PP y Ciudadanos y a las que podrían sumarse el PNV y el PDeCAt.

Lo que sí admitió ya el nuevo jefe del Ejecutivo en el debate de la moción de censura es que no habrá nuevo modelo de financiación autonómica al «no haber mimbres para resolverlo». Y es que si antes del cambio de Gobierno ya había dificultades, ahora el acuerdo con el PP -que dirige varias comunidades autónomas- parece imposible.