El BCE aceptará menos bonos bancarios no garantizados como garantía

El Banco Central Europeo (BCE) ha modificado los criterios para aceptar como garantía en sus operaciones de refinanciación los bonos bancarios no garantizados en caso de que el banco que los haya emitido sea resuelto o recapitalizado.

El BCE informó hoy de que ha decidido reducir el máximo de estos instrumentos de deuda que los bancos pueden presentar como garantía en sus operaciones de refinanciación y estudia aplicar a medio plazo recortes de valor a los bonos, algo que decidirá a lo largo del próximo año.

La entidad monetaria europea ha decidido reducir a partir del 1 de enero de 2017 el límite máximo de utilización de bonos bancarios no garantizados desde el 5 hasta el 2,5 %.

Este límite no se aplicará cuando el valor de los activos no supere los 50 millones de euros después de recortes de valor o esos activos estén garantizados por una entidad del sector público que tenga el derecho de recaudar impuestos.

El BCE ha ajustado sus criterios para aceptar los bonos bancarios no garantizados como garantía en sus operaciones de refinanciación en caso de que se produzca la resolución de un banco de la Unión Europea (UE).

El BCE reafirma su apoyo para alcanzar un acuerdo sobre un acercamiento común en la UE sobre la jerarquía de acreedor en el caso de insolvencia de un banco y de su resolución.

Asimismo el BCE considera que el trabajo avanza en este respecto.

La Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias regula la prevención de crisis bancarias y pretende garantizar la resolución ordenada de los bancos en quiebra, al tiempo que minimiza sus repercusiones sobre la economía real y las finanzas públicas.

Crea fondos de resolución, financiados por el sector bancario, para ofrecer apoyo en caso necesario a los bancos en quiebra.

Cuando sea necesaria la resolución de un banco, asumirán los costes en primer lugar los accionistas y acreedores del banco (recapitalización interna) y después se financiarán con un fondo de resolución.

La Directiva entró en vigor el 1 de enero de 2015 y sus procedimientos de recapitalización interna se aplicaron a partir del 1 de enero de este año.