El matiz legal que recortará las pensiones un 9%... o las subirá un 6%

Ha tardado, pero el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya se ha pronunciado sobre si va a acometer cambios relacionados con el periodo de cotización utilizado para calcular las pensiones.

Lo ha hecho a través del Programa Nacional de Reformas de 2022 que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea y que incluye, en su página 29, el compromiso del Ejecutivo de modificar en 2022 el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora que determine el importe de las pensiones.

El texto recoge que "en 2022 se aprobará el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, actualmente en tramitación parlamentaria, al objeto de incentivar los sistemas complementarios de pensiones, y se modificará el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la base de cotización máxima y el período de cómputo de la pensión de jubilación".

Una vez aprobado el jueves en el Congreso el plan de fondo público de pensiones que impulsa el propio Escrivá, el debate sobre pensiones girará sobre la reforma que permitirá modificar el periodo de cómputo. Y esas negociaciones tendrán una importancia capital para los futuros pensionistas.

Según lo que se decida, las pensiones de los profesionales hoy en activo podrían recibir un hachazo del 9 por ciento, o bien un impulso del 6 por ciento. Si se opta por el mecanismo que las mejoraría, la sostenibilidad del sistema estaría en juego, de acuerdo con las fuentes consultadas por finanzas.com.

La modificación del período de cómputo de la pensión era una medida esperada por los expertos y que Escrivá negó que fuera a acometer al manifestar el año pasado que "ni ha existido ni va a existir".

Más tarde se mostró tibio al pronunciarse sobre un posible cambio y en una de sus últimas declaraciones sobre el tema señaló que la segunda parte de la reforma de las pensiones "no necesariamente" iba a plantear un incremento del periodo de cálculo. A su juicio, "el periodo de cálculo puede, o no, ser un elemento de discusión".

Su indefinición sobre el asunto se debe a la férrea oposición de Unidas Podemos a la medida, que estuvo a punto de generar una crisis de Gobierno con la que amenazó el entonces secretario general de Unidas Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Declaró que esta sería "una línea roja" que no estaba dispuesto a cruzar y que si llegaba al Parlamento "se rompería la coalición de Gobierno". También Yolanda Díaz vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, se ha mostrado en contra de ella.

Falta de concreción

El primer paso ya lo ha dado Escrivá admitiendo que se producirán cambios, pero el Gobierno no detalla en el programa enviado a Bruselas cómo se van a implantar.

En su momento se habló de una ampliación desde los 25 años actuales a los 35 años de carrera previos a la fecha de jubilación para calcular la prestación.

También se barajó la posibilidad de permitir que el trabajador eligiera entre los 25 mejores años de cotización, que deberían ser continuados.

Un hachazo del 9%... o una subida del 6% para las pensiones

La implantación de esta reforma supondría una bajada de las nuevas pensiones cercana al 9 por ciento, advierte Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE.

Reconoce que "esta bajada es difícil de que sea aceptada por algunos de los interlocutores sociales, por lo que se están barajando otras medidas adicionales, como, por ejemplo, que de los 35 años solo se elijan los 25 mejores, lo que supondría que en lugar de una bajada de las nuevas pensiones éstas aumentarían un 6 por ciento aproximadamente".

Un aumento del que el Ejecutivo quiere huir, ya que uno de los objetivos de esta medida es reducir el gasto en pensiones.

"El objetivo del Gobierno con la aplicación de este cambio es mermar el importe de las pensiones y, de esta manera, hacer más solvente el sistema", apunta Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España.

Por su parte, Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), señala que este era un cambio que "no iba a tardar en aplicarse".

Considera que para que el cálculo de las pensiones sea "justo y positivo" debe ampliarse bajo dos premisas: que abarque toda la vida laboral de cada trabajador, "lo que reflejaría las cotizaciones reales de cada uno" y que se elimine el tope de las pensiones máximas, "ya que, de otro modo, estaríamos aplicando una doble penalización".

Beneficiados y damnificados por la ampliación

El cambio en el computo perjudicará a la mayoría de los trabajadores en activo, ya que supondría una reducción de sus futuras pensiones debido a que lo más habitual es que los salarios se vayan incrementando según avanza la carrera laboral.

Por ello, "al calcular la base reguladora que determinará el importe de la pensión, cuantos más años se acerquen a los de inicio de la carrera laboral, más baja será la cotización que se tenga en cuenta para el cálculo y, por tanto, menor será la pensión de jubilación", señalan fuentes del Instituto BBVA de Pensiones.

Mientras que, a juicio de Casares, "los más beneficiados serían los trabajadores que cotizaron por máximos en años anteriores a los 25 años considerados actualmente en el cálculo, ya que con la ampliación recibirían una pensión mayor".

También les permitirá optar por mayores pensiones derivadas de la jubilación anticipada, estima la experta.

Otros de los beneficiados serían "los trabajadores que hayan tenido episodios de desempleo en los años inmediatamente anteriores a la jubilación", indica Devesa.

Una reforma necesaria

Aunque impopular, la ampliación del cómputo "es una medida necesaria" para reducir el gasto en pensiones y hacer viable el sistema, apunta Casares, pero indica que "no puede considerarse de forma aislada sino acompañada de otros cambios".

También Miguel Ángel Menéndez cree que esta medida, junto con la de incluir un factor que equipare el importe de la pensión con la esperanza de vida "son necesarias para mantener la viabilidad de nuestro sistema de reparto".

Para Enrique Devesa el cambio que se avecina tiene una cara y una cruz, ya que ampliar a 35 años el cálculo de la base reguladora "mejoraría algo la sostenibilidad del sistema, pero no solucionaría todo el problema".

Cree que, si da opción a elegir los mejores 25 años de cotización, "la sostenibilidad empeoraría por el aumento de las nuevas pensiones".

Más cerca de la equidad actuarial

Los expertos del Instituto BBVA de Pensiones señalan que un aspecto positivo de la medida es que cuantos más años cotizados se consideren, más nos acercaremos a la proporcionalidad contributiva y a la equidad actuarial.

Es decir, "a cobrar una pensión en función de lo que realmente se ha cotizado, considerando toda la carrera profesional".

En la actualidad, la equidad actuarial entre lo cotizado por los trabajadores y la pensión recibida está muy lejos de conseguirse porque los pensionistas reciben de media durante su etapa de jubilados 1,7 euros de pensión por cada 1 euro cotizado.

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