La Moncloa rechaza la fórmula ganadora para combinar pensiones e inflación

Los expertos proponen al Gobierno actualizar las pensiones en función de la inflación subyacente y no del IPC general. Pero la Moncloa lo rechaza

La inflación obligará a incrementar el gasto en pensiones en más de 10.000 millones de euros si el IPC sube este año en torno al 7 por ciento, como prevé la Fundación de Caja de Ahorros (Funcas). Las previsiones de la revista Inversión establecen un IPC medio del 7,1 por ciento.

Un aumento que la Seguridad Social no se puede permitir, teniendo en cuenta que cerró el año pasado con un déficit de 11.192 millones de euros.

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Al Gobierno se le plantea este problema tras aprobar la revalorización de las pensiones en función de la subida del IPC, que ha entrado en vigor este año y que puede comprometer la viabilidad del sistema público.

Para evitarlo, los expertos proponen al Ministerio de Seguridad Social que acabe con esa fórmula, al menos de forma transitoria hasta que baje la inflación, que en marzo se situó en el 9,8 por ciento.

Consejo que descarta el Ejecutivo al sacar las pensiones del pacto de rentas que negocia con los agentes sociales para frenar la escalada de precios.

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Nuevas vías para contener las pensiones

El Gobierno está barajando medidas que contengan la subida en vertical de las pensiones y que, a su vez, no penalicen el poder adquisitivo de los jubilados. Algo muy difícil de conciliar.

Para ayudarle a encontrar la respuesta, los expertos le han propuesto que la referencia para actualizar las pensiones no sea el IPC general sino la tasa de inflación subyacente. Esta tasa excluye del IPC los componentes más volátiles: la energía y los alimentos frescos.

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"Referenciar el IPC a la inflación subyacente mejoraría el déficit de la Seguridad Social al reducirse el gasto en pensiones, dado que es bastante más baja que la real", afirma Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España.

Para Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, sería "una buena solución en las circunstancias actuales". Pero reconoce que “supondría una pérdida de poder adquisitivo para todos los pensionistas”.

Por ello, propone como solución intermedia, “revalorizar las pensiones más bajas con el IPC general y el resto con la inflación subyacente".

Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), señala que optar por la inflación subyacente supondría “un menor crecimiento de las pensiones en un momento que podríamos considerar puntual y no recurrente y, por ese motivo, es una de las opciones que está encima de la mesa del Gobierno".

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El Banco de España prevé una inflación subyacente del 3%

La diferencia de los dos tipos de inflación es notable. Las previsiones del Banco de España indican que este año se cerrará con un IPC general del 7,5 por ciento, mientras que la inflación subyacente se situará por debajo del 3 por ciento.

Aplicar esta medida supondría ahorrar más de la mitad en pensiones el año que viene y situar su subida cercana al 2,5 por ciento en que se revalorizaron este año.

Otra medida para reducir el gasto en pensiones es incluirlas en el pacto de rentas que está negociando el Gobierno con los agentes sociales para acordar una subida limitada de los salarios que frene la espiral inflacionista.

En opinión del responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, "cuantos más colectivos incluya el pacto de rentas mejor y los pensionistas deberían formar parte de él".

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Del pacto excluiría a aquellos pensionistas más “vulnerables”, como los que cobran pensiones mínimas o de viudedad.

Jorge Sicilia, director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, es de la misma opinión. Explica que, si los pensionistas se excluyen del pacto, el coste de no incluirlos deberán asumirlo las empresas, los trabajadores y el sector público a costa de un mayor déficit y deuda.

Ambos abogan por que se utilice la inflación subyacente para revalorizar las pensiones, pero proponen que lo ideal sería que los sindicatos y empresarios acordaran un porcentaje para subir los salarios y se elegiría esa referencia para actualizar las pensiones.

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