La pensión de jubilación máxima supera en un 59% al salario mínimo

Los salarios crecen un 2% o se congelan en el peor de los casos, mientras que las pensiones suben al ritmo de la inflación, un 7% se prevé para 2023

La brecha entre los ingresos de los trabajadores que cobran un salario mínimo y los jubilados que reciben una pensión se agranda año a año, provocada por el incremento de las pensiones y la congelación o la subida mínima de los salarios.

Esta diferencia llega a alcanzar el 58,9 por ciento entre los jubilados que reciben la pensión máxima, situada en marzo en 2,437,75 euros mensuales, y los trabajadores que reciben el salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.000 euros.

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El aumento de la inflación hará que este desfase se agudice el próximo año, ya que los jubilados tienen garantizada la revalorización de las pensiones conforme a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), recogida en la reforma de las pensiones que ha entrado en vigor en 2022 con el objetivo de que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

Si como prevé la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) este año se cierra con una inflación del 7 por ciento, la pensión media podría subir hasta 72 euros mensuales, lo que supondrían más de 1.000 euros al año. Mientras que los sueldos pactados en convenio crecerían poco más de un 2 por ciento, como ha ocurrido en 2022.

Los nuevos pensionistas cobran una media de 1.486 euros

No solo los jubilados con pensiones más altas rebasan con creces los ingresos de los asalariados con menores sueldos, también las prestaciones que cobran los nuevos jubilados, 1.486 euros mensuales en marzo, son mucho mayores, en concreto un 32,71 por ciento.

Según datos del Ministerio de Seguridad Social, la pensión media de todo el sistema público de pensiones ascendió en marzo a 1.086 euros.

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Esta cuantía, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), ha aumentado en el último año un 3,7 por ciento. Mientras que la pensión media de jubilación es de 1.250,37 euros mensuales.

Mineros y autónomos, la cara y la cruz de las pensiones

La diferencia de ingresos no solo se da entre trabajadores y pensionistas. También la sufren los jubilados adscritos a los distintos regímenes de la Seguridad Social y puede alcanzar los 1.605 euros mensuales.

Los jubilados que reciben pensiones más elevadas son los que trabajaron en la minería del carbón, cobran una pensión media de 2.437,75 euros al mes. En el lado opuesto se colocan los autónomos, con una pensión un 65 por ciento más baja, situada en los 832,44 euros mensuales de media.

Esta desigualdad se debe a que los mineros del carbón están integrados en un régimen especial de la Seguridad Social que les incentiva por haber desempeñado profesiones consideradas de “naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”.

Repartir el coste de la inflación

El objetivo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de defender a ultranza el poder de compra de los jubilados frente a la inflación supone, a juicio de los expertos, un "agravio comparativo" respecto a otros grupos sociales, entre los que se encuentran los futuros jubilados o los trabajadores cuyo sueldo lleva congelado desde hace años.

"El Gobierno está tomando medidas aisladas que penalizan a los trabajadores en activo que cotizan a la Seguridad Social frente a los jubilados que cobran de este organismo y cuyas pensiones se están incrementado para no perder poder adquisitivo. Pérdidas que sí sufren los cotizantes”, argumenta Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen).

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También Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, piensa que estas medias "pueden generar un agravio comparativo entre ambos colectivos” y que el esfuerzo que va a suponer la elevada inflación “debería repartirse entre todos los actores: trabajadores, empresas, rentistas, pensionistas y Estado”.

No obstante, reconoce que si la sociedad piensa que los pensionistas son los que menos capacidad de respuesta tienen, “puede entenderse que sufran un trato favorable, pero hasta cierto límite".

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