El "infierno inflacionario" que traerá la subida de las pensiones

Al Gobierno de Sánchez no le salen las cuentas. Sus buenos propósitos de mantener el poder adquisitivo de los jubilados ajustando la revalorización de las pensiones a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) le van a costar muy caro. Más de lo que preveía. Teniendo en cuenta que la inflación en marzo se disparó hasta el 9,8 por ciento, una cifra que no se alcanzaba desde hace 37 años.

Si se cumplen las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) para 2022, el año cerrará con un incremento de precios del 6,8 por ciento, lo que supondría un aumento del gasto en pensiones de más de 10.000 millones en 2023.

Una cifra muy difícil de asumir por la Seguridad Social, que terminó 2021 con un déficit de 11.192 millones de euros. Para este año, los Presupuestos Generales del Estado prevén un gasto en pensiones de 170.000 millones, de los cuales 28.000 millones serán de las revalorizaciones.

Una medida transitoria para rebajar costes

Los expertos creen que, para no ahogar más al sistema público de pensiones con gastos inasumibles, el Gobierno debería considerar dar marcha atrás a la indexación de la revalorización de las pensiones al IPC, al menos de forma transitoria hasta que la inflación se reduzca.

Una medida así “podría funcionar”, argumentan los analistas, si se tiene en cuenta que la inflación prevista por Funcas para 2023 bajaría al 2,8 por ciento, un porcentaje parecido a los que han subido las pensiones este año, el 2,5 por ciento las contributivas y de las clases pasivas del Estado y el 3 por ciento las pensiones mínimas y las no contributivas.

"En estos momentos el Gobierno debería plantear una medida correctiva, ya que sería un gran riesgo no hacer nada y seguir ajustando las pensiones al IPC con las subidas que estamos viviendo y lo que queda por venir", explica Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen).

Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España, va más allá y señala que Escrivá debe eliminar su medida estrella de la reforma de las pensiones, ya que "no solo supone un gran coste económico, sino que si se sube el IPC a los pensionistas, los trabajadores demandarán subidas de salarios con lo que entraríamos en un infierno inflacionario". 

Los pensionistas “pueden estar tranquilos”

Por el momento, el Gobierno no mueve ficha y, aunque desde algunos foros señalan que está analizando alternativas para afrontar el problema que se avecina, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha descartado tomar medias que vayan en contra de la reforma de las pensiones.

Considera “indiscutible" su revalorización en función de la inflación y señala que la subida de las prestaciones se afrontará con mayores cotizaciones.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, sigue su estela y ha manifestado que los pensionistas "pueden estar tranquilos" porque no perderán poder adquisitivo.

A sus declaraciones se han sumado las de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al asegurar que los pensionistas "no van a ver menguadas sus pensiones".

Hernández de Cos, el verso suelto

La posición del Gobierno es contraria a la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que considera que solo habría que ligar al IPC las pensiones mínimas, ya que el grado de vulnerabilidad de los que las reciben “es mayor”.

El criterio de Hernández de Cos coincide con el de los expertos en pensiones. Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, es partidario de que "dada la subida de precios que se espera, la revalorización debería estar por debajo del nivel de la inflación” y en los próximos años, “si es posible, se podría recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados".

Bruselas presiona para adelgazar la nómina de las pensiones

También Bruselas ve riesgos en la escalada de la inflación, y más si se tiene en cuenta que la reducción del gasto en pensiones es una de las exigencias que la Comisión Europea demanda al Gobierno español para desbloquear el segundo tramo del fondo de recuperación, que alcanza los 12.000 millones de euros. Exigencia que el Gobierno no podrá cumplir tras la subida del IPC y, con ella, la de las pensiones”.

Isabel Casares propone una salida al Ejecutivo. "Bruselas pide al Gobierno reducir el déficit, pero no cómo debe hacerlo, por lo que puede diseñar medidas que impliquen que el crecimiento de las pensiones no sea sobre el IPC real".

Una rectificación improbable

La marcha atrás del Gobierno para desvincular las pensiones del IPC sería “necesaria”, argumentan los analistas, pero es “muy improbable que ocurra”.

“Cualquier modificación o derogación de una ley que ya ha sido aprobada, como la que recoge la reforma de las pensiones, exigirá de una mayoría absoluta en el Congreso y eso, por lo que estamos viviendo, sería imposible y no creo que el Gobierno lo plantee”.

También Devesa se muestra escéptico ante esta posibilidad: “Tengo serias dudas de que esto ocurra. Todo va a depender del valor final del IPC, de la presión de Bruselas y de los pensionistas, sin olvidar la presión añadida que puede suponer la proximidad de las elecciones generales en 2023”.

No obstante, insta al Gobierno a hacer algo, ya que su parálisis frente a este tema, "va a generar un mayor déficit, mayor deuda pública y menor crecimiento futuro".

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