Las concesiones del Gobierno a los pensionistas perjudican a los futuros jubilados

La subida de las pensiones en función del IPC, la 'paguilla' o la nueva paga extra de marzo pueden ahondar el déficit en la Seguridad Social y rebajar las pensiones de los futuros jubilados

Los pensionistas están de enhorabuena porque uno de los principales objetivos que se fijó José Luis Escrivá al ocupar el cargo de ministro de Seguridad Social fue proteger el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación, y lo está consiguiendo.

Primero con la revalorización de las pensiones en función del IPC, luego con la 'paguilla' de enero y ahora con una nueva paga extra en marzo.

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La indexación de las pensiones a la subida de los precios fue la medida estrella que Escrivá incluyó en la reforma de las pensiones. Establece que el 1 de enero de cada año se incrementarán las prestaciones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior.

En 2022, la revalorización es del 2,5 por ciento para las pensiones contributivas, mientras que para el año que viene puede ser más del doble.

Según las cifras presentadas por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, los países de Europa cerrarán este año con una subida media del IPC del 5,1 por ciento, que, a juicio de los analistas, España superará con creces teniendo en cuenta que ya sobrepasa el 7 por ciento y es la más alta en 33 años.

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La última 'paguilla' y una nueva paga extra

Otra ayuda con la que cuentan este año los pensionistas para afrontar la inflación es la 'paguilla'. La recibieron en enero y es la última que van a cobrar tras el cambio de fórmula para revalorizar las pensiones.

Se trata de una paga extra dirigida a compensar la desviación de un 1,6 por ciento entre el 0,9 por ciento que se revalorizaron las pensiones a inicio de 2021 y el 2,5 por ciento que finalmente subió la inflación el año pasado. Su coste para las arcas de la Seguridad Social fue de 2.000 millones de euros.

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A ella se suma la nueva paga extra que recibirán en marzo los pensionistas que se jubilaron anticipadamente entre 2002 y 2021 y que cuentan con una carrera de cotización de más de 44 años y 6 meses o con 40 años cotizados y una pensión inferior a 900 euros.

Agravio comparativo entre jubilados y trabajadores en activo

Estas medidas con las que el Gobierno pertrecha a los actuales jubilados frente a la subida de precios suponen un "agravio comparativo" respecto a otros grupos sociales, entre los que se encuentran los futuros jubilados o los trabajadores cuyo sueldo lleva congelado desde hace años.

"El Gobierno está tomando medidas aisladas que penalizan a los trabajadores en activo que cotizan a la Seguridad Social frente a los jubilados que cobran de este organismo y cuyas pensiones se están incrementado para no perder poder adquisitivo. Pérdidas que sí sufren los cotizantes”, argumenta Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen).

También Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, piensa que estas medias "pueden generar un agravio comparativo entre ambos colectivos y que el esfuerzo que va a suponer la elevada inflación debería repartirse entre todos los actores: trabajadores, empresas, rentistas, pensionistas y Estado”.

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Aunque reconoce que si la sociedad entiende que los pensionistas son los que menos capacidad de respuesta tienen, “puede entenderse que sufran un trato favorable, pero hasta cierto límite".

No son los únicos. Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España, explica que la subida media salarial en 2022 ha sido del 2 por ciento, una cifra inferior al 7 por ciento de la inflación, por ello, "el Gobierno debería entender que son los trabajadores en activo los que financian las pensiones, por lo que, si los salarios son bajos o las tasas de ocupación no suben, el déficit de las pensiones será persistente".

Agravar un déficit crónico

Todas estas medidas tienen sus consecuencias. Ahondan aún más el déficit crónico que sufre desde hace años la Seguridad Social, que ronda los 100.000 millones de euros, y amenaza la sostenibilidad del sistema público de pensiones debido al desfase entre ingresos y gastos.

Gonzalo Núñez, profesor de la Udima, cree que “la indexación de las pensiones a la inflación resulta muy peligrosa para la viabilidad de la Seguridad Social, además de suponer una carga adicional para los actuales cotizantes”.

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Y es que son ellos los más perjudicados con las reformas del Gobierno, que "van a generar cambios importantes en el corto y medio plazo como aumentos en la edad de jubilación, topes de las pensiones máximas, ampliación de los años para calcular las bases reguladoras y mantenimiento de coeficientes reductores en edades en las que deberían jubilarse muchos trabajadores”, explica Casares.

Argumenta que estas medidas “harán que tengamos que jubilarnos más tarde y cotizar mucho más a la Seguridad Social".

Bajar las pensiones, la última bala para salvar al sistema

El aumento del gasto en pensiones azuzado por una subida de la inflación media del 5,1 por ciento, como prevé el BCE, supondría para las arcas del Estado un incremento del gasto de 7.700 millones de euros anuales, que se sumarían a los 10.755 millones mensuales que la Seguridad Social paga en pensiones, y que ya suponen en 12 por ciento del PIB.

Este incremento mayor del previsto hace que el futuro de las pensiones en España se vislumbre sombrío. La única forma de hacer viable el sistema sería implementando fórmulas que originen bajadas en las futuras pensiones de los actuales trabajadores, señalan los expertos.

Y la más radical y efectiva, pero que ningún Gobierno se atreverá a implantar, en opinión de Casares, sería una bajada directa de las pensiones.

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Reconoce que ya se están tomando medidas indirectas para lograrlo, dirigidas a los actuales trabajadores con las que verán penalizadas sus pensiones, como nuevos topes y condiciones “mucho peores” que las que han tenido los actuales pensionistas.

"No veremos una bajada explícita de las pensiones, pero su crecimiento no se va a ajustar a la inflación. Esto hará que la diferencia entre el salario que cobremos en el momento de jubilarnos y la pensión sea mayor, por lo que habrá que complementar las prestaciones con un sistema de previsión social empresarial que, casualmente, es lo que promueve el Gobierno con el macro fondo de pensiones de empleo", añade Casares.

Medidas que tensionan el sistema

Las fórmulas que está implementando el Gobierno "están tensionando el sistema público de pensiones", indica Devesa.

Para relajarlas apunta tres medidas: que las pensiones no se revaloricen en la misma medida que el IPC, que la subida sea menor para las pensiones más altas o que “la Unión Europea nos obligue a aplicar medidas más drásticas que reduzcan las prestaciones".

En lo que todos los expertos coinciden es en que hay que consensuar fórmulas coherentes para hacer sostenible el sistema e implantarlas ya, porque "lo que está en juego es la solvencia de nuestras actuales y futuras pensiones", advierte Menéndez.

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