Luces y sombras en el macro fondo de pensiones de Escrivá

Los expertos creen que el macro fondo facilitará el acceso a planes de empleo, pero su adscripción voluntaria y la ausencia de incentivos fiscales a las empresas mermará su eficacia

Ha tardado más de lo previsto, pero el Gobierno ya ha dado luz verde a una de la medidas estrellas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la creación de un macro fondo de pensiones de empleo para impulsar la previsión social empresarial en España.

El Ejecutivo aprobó en su último Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo con el que pretende dar estabilidad al actual modelo de previsión social complementaria e impulsar, “de forma preferente”, los planes de pensiones de empresa sustentados en el marco de la negociación colectiva, facilitando el acceso a ellos a trabajadores de pymes y a autónomos.

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Un impulso necesario si se tiene en cuenta la escasa implantación de estos vehículos de ahorro finalista en España. Según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), solo dos millones de trabajadores cuenta con uno, mientras que 7,5 millones ahorran en planes de pensiones individuales.

Fortalezas y debilidades

Los expertos valoran “positivamente” la creación del macro fondo público, pero reconocen que nace con “defectos”.

Este es el caso de Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, para quien la idea de fomentar el segundo pilar de previsión social "es buena" porque "va a facilitar a empresas, trabajadores y autónomos el acceso a los planes de empleo". Sin embargo, critica que se impulsen a costa de reducir los incentivos fiscales a los planes individuales.

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Hace referencia a la decisión de José Luis Escrivá de reducir en 2021 de 8.000 a 2.000 euros el límite de las aportaciones a los planes individuales con derecho a desgravación en el IRPF, lo que supuso una merma del 75 por ciento, y a la introducción en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 de una nueva rebaja de estos límites de 2.000 a 1.500 euros.

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Otra debilidad del fondo, a juicio de Devesa, es que "se deja todo en manos de los convenios colectivos, lo cual introduce incertidumbre sobre las posibles diferencias y distinto trato hacia los partícipes que puedan surgir".

Planes para autónomos y colegiados, una buena medida

Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), también ve claroscuros en el fondo. Destaca que un punto a su favor es que hará “que se revisen los convenios colectivos de empresas que aún recogen premios por jubilación, jubilación anticipada y ceses, que previsiblemente serán sustituidos por planes de pensiones sectoriales simplificados”.

Aplaude que las asociaciones de autónomos y colegios profesionales, “puedan tener planes de pensiones como previsión social complementaria al sistema público".

Pero también le atribuye defectos como que va a provocar traspasos de planes de pensiones de empleo con rentabilidades positivas, “atraídos por las promesas de menores comisiones y mejor tratamiento fiscal”.

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Adscripción voluntaria y falta de incentivos fiscales empresariales

Pero no es la única carencia, "la no obligatoriedad de inscripción de los trabajadores a estos productos puede que, a pesar de la negociación colectiva, deje sin suficientes partícipes a estos planes", sostiene Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España.

A lo que se suma que "no incorpora incentivos fiscales para las empresas, lo que deja en un punto muerto la negociación". Se pregunta por qué “los trabajadores cambiarían parte de su salario inmediato por salario diferido cuando ya les cuesta llegar a fin de mes".

No obstante, también ve cualidades al fondo como la aplicación de gastos de gestión y depósito por debajo de la media del mercado, el incremento en el límite de aportaciones para los autónomos y entre empresa y empleado hasta 10.000 euros y “la accesibilidad a través de plataformas online que permitan un mayor número de partícipes y, por tanto, un importante aumento de volumen de aportaciones a estos planes".

Elección de las gestoras

Otras de las medidas recogidas en el anteproyecto de ley es que la gestión de los fondos de empleo que se generen correrá a cargo de entidades gestoras, seleccionadas mediante un procedimiento abierto al igual que las entidades depositarias.

Los activos de estos fondos serán invertidos exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones, señala la norma.

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Planes simplificados

También facilita la creación de planes simplificados impulsados por los convenios colectivos de carácter sectorial. Se habilita la negociación colectiva sectorial para que establezca que el plan de empleo acordado se extienda a todas las empresas del sector.

La creación de estos planes se realizará con un procedimiento más sencillo que el actual de forma que, en lugar de que cada empresa seleccione su propio plan de pensiones, se podrán adscribir directamente al plan simplificado del sector que corresponda.

Para facilitar la portabilidad entre planes de pensiones se pondrá en marcha una plataforma digital común en la que cada partícipe podrá consultar fácilmente toda la información y realizar los trámites de forma sencilla.

Objetivo cuestionado

Los expertos dudan de que el Gobierno consiga el objetivo que se ha marcado con la creación del macro fondo de impulsar los planes de empleo en España y colocarlos a la altura de otros países de la eurozona.

En opinión de Miguel Ángel Menéndez, “no parece que con esta norma se vayan a producir los suficientes avances como para favorecer la negociación y creación de estos planes dentro de las empresas y tampoco para los autónomos”.

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Isabel Casares incide en que, si esta propuesta hubiese partido de las empresas, “estaríamos analizando un sistema eficaz de previsión social complementario, pero partiendo de la Seguridad Social, que es la gestora del primer pilar del sistema público de pensiones, se puede ver como un intrusismo para controlar mediante el fondo de empleo público lo que debería ser puramente empresarial”.

Enrique Devesa se muestra más optimista y espera que se produzca un impulso, pero “todo va a depender de si el empleador y los trabajadores lo perciben como algo que realmente les beneficia. Si para el empleador supone un aumento del coste laboral o para los trabajadores una disminución del sueldo neto, entonces va a haber muchas reticencias”.

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