El FMI desnuda la reforma de las pensiones de Escrivá

El FMI cuestiona que las medidas integradas en la reforma de las pensiones de Escrivá logren la viabilidad del sistema público

Las medidas que conforman la primera parte de la reforma de las pensiones, aprobada en 2021, son insuficientes para contrarrestar el aumento del gasto en pensiones generado por la reforma. Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por los técnicos del FMI tras su última 'misión’ en España.

En él cuestionan que las medidas que se integrarán en la segunda parte de la reforma, como la ampliación del periodo de cómputo para calcular las pensiones o elevar la base máxima de cotización, logren la viabilidad del sistema.

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"Estas medidas podrían tener un efecto financiero positivo, pero los detalles específicos de su diseño determinarán si serán suficientes para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones", señalan los técnicos.

Consideran que España necesita medidas adicionales para contrarrestar el aumento del gasto en pensiones originado, principalmente, por la indexación de las prestaciones a la subida de la inflación, que el Gobierno estima que cierre este año en el 8,5 por ciento.

Esta tasa provocaría un aumento del gasto pensiones en 2023 de 14.000 millones de euros, calcula la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Ahora el gasto en prestaciones contributivas se sitúa en el 11,8 por ciento del PIB y para afrontarlo, los presupuesto de 2023 recogen la mayor partida de la historia destinada a las pensiones, 190.687 millones de euros, un 11,4 por ciento más que el ejercicio anterior.

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Unas dudas justificadas

Las dudas del FMI respecto a la eficacia de la reforma de las pensiones las comparten los expertos.

Este es el caso de Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, para quien estas dudas están “justificadas” porque “por el momento, la reforma va a generar un incremento del gasto en pensiones, sobre todo por la revalorización con el IPC, que no se va a ver compensado por mayores ingresos".

También Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España, considera que el recelo del FMI frente a la reforma es razonable.

Argumenta que, de las 9 reformas propuestas por el Gobierno para poner en marcha durante esta legislatura, dos de ellas, el complemento de maternidad y la revalorización de las pensiones con el IPC, "aumentan el gasto en pensiones".

Otras cuatro: las reducciones por el acceso a la jubilación anticipada, el destope de bases de cotización y el aumento de las pensiones máximas, el incremento de cotizaciones de los autónomos y la ampliación del periodo de cálculo, si se dejan elegir los 25 mejores años, podrían ser "inmateriales o aumentar el gasto".

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Y dos “son inmateriales respecto al gasto”: la creación de nuevos planes de pensiones de empleo y la recolocación de los gastos impropios.

"Solo queda el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional como fuente de ingresos, que también está cuestionado por Bruselas por los objetivos que pretende y por el bajo ingreso que va a representar", afirma Menéndez.

"Si hiciéramos un balance es probable que estas 9 medidas puedan incrementar más los gastos que los ingresos", apunta el directivo de Mercer.

Reducir gastos

La reducción de gastos y el aumento de ingresos que el sistema público de pensiones necesita podrían venir de las dos reformas que están por aprobar, dependiendo de cómo se diseñen: la ampliación del período de cómputo para calcular las pensiones y la subida de la base máxima de cotización y con ella de la pensión máxima.

Para conseguir ahorrar costes con la primera medida, el aumento del periodo de cómputo debería de ser gradual, como en la reforma del año 2011, y considerando 35 años o toda la vida laboral del jubilado, sin dar la posibilidad de elegir los mejores años cotizados, incide Menéndez. Cree que si se deja elegir los mejores años “podría generar un aumento del gasto".

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Por lo que se refiere a la subida de la base máxima de cotización estima que "sí podría suponer un aumento de los ingresos, especialmente en el corto plazo, pero dependerá de cómo se realice la subida de la pensión máxima, puesto que debería de ser lineal con la de las bases máximas para mantener el principio de contributividad".

Devesa va más allá y opina que, aunque la segunda reforma de las pensiones alcanzara el mayor nivel de ahorro posible, "no compensaría el déficit que se prevé durante los próximos 35 o 40 años" con la llegada a la jubilación de los baby boomers.

Por ello ve necesario "ir hacia una reforma estructural de nuestro sistema de pensiones, llegando necesariamente a un sistema de cuentas nocionales".

Pensiones seguras, pero más bajas

Los expertos reconocen que las pensiones sobrevivirán, pero a largo plazo serán menores que las de ahora.

"Siempre se van a pagar pensiones, por lo que, en ese sentido, se puede decir que la sostenibilidad está asegurada", señala Devesa.

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El problema, a su juicio, es saber la cuantía que se va a cobrar. "Todo parece indicar que va a bajar la relación entre la pensión y el último salario", por lo que recomienda "tomar medidas serias ya que eviten mayores bajadas en el futuro".

Miguel Ángel Menéndez da cifras y calcula que el déficit que arrastran las pensiones en los últimos 10 años es de 100.000 millones y sigue creciendo.

Para mermar el déficit, cree que los gastos en pensiones deberían reducirse en torno a 20-25 puntos porcentuales frente a los niveles actuales y así mantener la solvencia de las pensiones.

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