El 'plan Escrivá' para salvar las pensiones decepciona

El primer bloque de medidas que integrarán la reforma de las pensiones no acabará con el déficit de la Seguridad Social en 2023 como prevé el Gobierno, según los expertos

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene prisa por concretar el contenido de la nueva reforma del sistema de pensiones que Bruselas le reclama con urgencia como contrapartida para que España reciba los fondos de ayuda europeos.

Por ello, esta semana ha presentado un primer bloque de medidas que pretende integrar en la nueva reforma y que han concitado las críticas de la patronal, los sindicatos y de expertos en pensiones, que ven lagunas en estas propuestas.

Consideran que con ellas Escrivá no logrará el objetivo que se ha marcado de eliminar el déficit presupuestario de la Seguridad Social en 2023, sino que, incluso, pueden suponer un aumento de los gatos.

El primer bloque del 'Plan Escrivá' recoge cuatro recomendaciones realizadas por la Comisión del Pacto de Toledo centradas en revalorizar las pensiones, alinear la edad efectiva y la edad legal de jubilación, avanzar en el traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social y desarrollar un nuevo modelo de cotización para los trabajadores autónomos.

Actualizar la pensión según el IPC

La primera propuesta del ministro es impulsar una nueva fórmula permanente de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados mediante un mecanismo basado en el IPC, que sería evaluado cada cinco años por el Pacto de Toledo.

Consiste en revalorizar las pensiones con el IPC del año anterior y en el caso de que la inflación sea negativa las pensiones no sufrirían ninguna merma, quedarían inalteradas. Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia.

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"Esta medida beneficia a los actuales pensionistas, pero, dado el elevado gasto que va a ocasionar, podría producir una bajada en las pensiones de los futuros jubilados", apunta Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Bajada que podría materializarse, en su opinión, "retrasando la edad legal de jubilación, disminuyendo directamente la pensión inicial o ajustando algún otro parámetro del sistema, como aumentar el número de años para obtener un porcentaje del cien por cien de la pensión".

Para Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), se trata de "una medida razonable, que generará confianza en los actuales y futuros jubilados, siempre que se no se modifique cada vez que los resultados no sean satisfactorios para las finanzas del Estado".

Retrasar la jubilación

Alinear la edad real de jubilación con la edad legal es otra meta de Escrivá y para ello trabaja junto a sindicatos y patronal en cuatro ámbitos: modificar los coeficientes de la jubilación anticipada, crear nuevos incentivos a la jubilación demorada, reformar la jubilación parcial y modificar las cláusulas convencionales de jubilación forzosa.

Estas medidas, según el ministro, van encaminadas a “incrementar la participación de las personas mayores en el mercado laboral, cuya tasa de actividad es mucho más baja que la de los países de nuestro entorno”.

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Respecto a si ampliar las carreras laborales contribuiría a aumentar el paro juvenil, que en España ya alcanza un 40%, el ministro considera que “tal y como muestra la evidencia científica y la situación en otros países de nuestro entorno, un incremento de la tasa de actividad de los trabajadores mayores no perjudica a los jóvenes, sino que aumenta sus posibilidades de empleo”.

Coeficientes reductores mensuales

Escrivá pretende incluir en la reforma de las pensiones cambios en los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria, con ello persigue dos objetivos: Incentivar la permanencia en el empleo y eliminar los elementos regresivos que tiene el sistema actual.

Para cumplir el primero, plantea que los coeficientes reductores sean mensuales, en lugar de trimestrales como hasta ahora. Cree que este sistema mejoraría la equidad, ya que los coeficientes se aplicarían sobre la cuantía de la pensión, lo que hará que tengan los mismos efectos para todos, algo que actualmente no sucede en el caso de los trabajadores que cotizan por la base máxima.

La equiparación de los coeficientes para las pensiones máximas se hará de forma progresiva y en un periodo de seis años para no perjudicar las decisiones de quienes están en los últimos años de su vida laboral.

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Desempleados y jubilación involuntaria

En el caso de los desempleados, se aplicarán los coeficientes reductores por causa no imputable al trabajador a aquellos que estén percibiendo el subsidio de desempleo desde hace tres meses.

También se revisarán los coeficientes reductores de jubilación anticipada involuntaria, que pasarían a ser mensuales, menores en la mayoría de los casos y con un mejor tratamiento para las carreras de cotización más extensas.

Sobre la eficiencia de esta medida, Isabel Casares cree que pasar a coeficientes reductores mensuales introducirá mayor flexibilidad en la jubilación.

Reconoce que "casi todos los coeficientes son más bajos que los actuales, excepto cuando el anticipo de la jubilación está en torno a 24 meses, que es, curiosamente, donde el porcentaje de jubilados, respecto al total de jubilaciones anticipadas, es mucho mayor que en el resto de los tramos. Con lo cual, es posible que el gasto total ocasionado por esta medida pueda incluso aumentar".

Otro aspecto negativo que puede generar este cambio se deriva, en opinión de Enrique Devesa, de que "la jubilación es un derecho que se ha conseguido a lo largo de la vida laboral con el número de años cotizados, por lo que no debe penalizarse bajo ningún concepto".

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Señala que la modificación del cálculo de los coeficientes sobre la pensión y no sobre la base reguladora "genera una doble penalización muy importante, sobre todo para los trabajadores que han estado cotizando durante años por las bases máximas".

12.000 euros por trabajar más tiempo

Con el objetivo de que los trabajadores retrasen su retiro, desde el ministerio planean mejorar los incentivos a la jubilación demorada mediante tres opciones a elegir por el trabajador. La primera consiste en un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda, un pago único de hasta 12.000 euros y la tercera consistiría en una combinación de ambas.

Incentivos que, para Miguel Ángel Menéndez, director de previsión social de Mercer España, "parecen poco atractivos por mantenerse un año más en el trabajo".

En cuanto a la jubilación parcial, el planteamiento consiste en flexibilizar su uso, a la vez que "se corrige el abuso que se ha hecho de esta figura en algunos momentos", señala José Luis Escrivá.

Con este fin ha planteado a los interlocutores sociales la posibilidad concentrar hasta el 60% de la jornada el primer año, con la posibilidad de que en algunas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros se pueda acumular al inicio.

Convenios

La última medida de este bloque trata sobre las cláusulas de jubilación forzosa establecidas por convenio colectivo. En este sentido, el planteamiento del ministerio pasa por proponer un modelo parecido al francés, que no aplica las cláusulas hasta los 68 años, con políticas activas para incentivar la permanencia.

No obstante, para las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios colectivos bajo la normativa actual, se pondría en marcha después de la finalización del convenio y existiría un periodo transitorio.

Según Escrivá, con estas medidas “nuestro objetivo es que la jubilación sea un derecho y no una obligación, como establecen ahora algunos convenios”.

Cotización para los autónomos

El ministro de Seguridad Social también pretende cambiar el modelo de cotización de los trabajadores autónomos a partir de 2022, incluyendo un periodo transitorio.

El cambio consiste en establecer 13 tramos con los que se pretende flexibilizar los pagos. Además, cada trabajador podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de sus previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.

Objetivo ¿inalcanzable?

Con estas medidas Escrivá quiere acabar con el déficit presupuestario de la Seguridad Social en 2023, un objetivo demasiado ambicioso a juicio de los expertos, si se tiene en cuenta que su déficit ocasionado por el gasto en pensiones alcanzó en 2020 una cifra récord de 20.000 millones de euros.

"Con la revalorización de las pensiones ligada al IPC se garantizará el poder adquisitivo de los jubilados, pero incrementará la partida de gasto en pensiones", asegura Miguel Ángel Menéndez.

Y aunque reconoce que retrasar la edad de jubilación tendrá un efecto doble de reducir el gasto en pensiones e incrementar los ingresos, "se necesitarán medidas de mayor calado para eliminar el déficit actual del sistema, como ligar la esperanza de vida a la pensión".

Tampoco Isabel Casares ve "factible que estas medidas se materialicen para eliminar en menos de dos años el déficit presupuestario de la Seguridad Social", como prevé el ministro.

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