El IPC negativo no implicará recortes en las pensiones

La fórmula para la revalorización de las pensiones que está diseñando el Gobierno no conllevará bajadas en las prestaciones cuando el IPC sea negativo

La nueva fórmula para revalorizar las pensiones ligada a la inflación que los responsables del Ministerio de Seguridad Social están negociando con los agentes sociales no provocará recortes en las pensiones en el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) entre en negativo.

Con  esta fórmula, que formará parte de la reforma de las pensiones que el Gobierno prevé presentar en los próximos meses, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende garantizar el poder de compra de los jubilados.

“En situaciones excepcionales en las que pueda haber un IPC negativo, las pensiones no van a bajar”, debido a que el objetivo es recuperar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, ha dicho Escrivá en una entrevista concedida a la cadena Cope.

La nueva fórmula sustituirá al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que establece una subida de las prestaciones del 0,25% al año en situaciones de déficit del sistema.

Según este índice, los años en que el IPC subía por encima de ese porcentaje, los jubilados perdían poder de compra. Para evitarlo, este año el Gobierno ha subido un 0,9% las pensiones, el mismo porcentaje que el año pasado.

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El controvertido cómputo

Respecto a la supuesta ampliación de 25 a 35 años del periodo para calcular las pensiones, que ha enfrentado al Partido Socialista con sus socios de gobierno y con los sindicatos, Escrivá no la ha descartado.

Ha argumentado que el mercado de trabajo está generando nuevas realidades debido al cambio tecnológico o a las reestructuraciones laborales que hacen el sistema “injusto”, por lo que desde su ministerio se plantean ampliar el periodo de cómputo o permitir que se elijan los mejores años y se excluyan los últimos. 

Ha reconocido que aún no se sabe si ampliar el cómputo más de 25 años podría suponer un recorte de las prestaciones. Con estas declaraciones contradice los cálculos de los economistas que han relacionado el aumento en diez años del cómputo con una bajada del 5% de las pensiones.

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Trabajar más años

Otra propuesta del ministerio para hacer sostenible el sistema es incentivar el retraso de la jubilación. En 2021 la edad legal de retiro son los 66 años, mientras la edad real ronda los 64 años.

Por ello, la nómina de las pensiones acapara el 12% del PIB, lo que, según Escrivá, es “aceptable”, pero a partir de 2025, con el aumento del número de jubilados, el gasto aumentaría hasta el 15%.

Para reducir este porcentaje, hay que lograr que se “trabaje más voluntariamente” con incentivos o penalizando la jubilación obligatoria, ha manifestado, ya que aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años generaría un ahorro al país de 0,8 puntos del PIB.

 

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