Los minoritarios de Abengoa darán al Gobierno un asiento en el consejo
La sindicatura de accionistas está dispuesta a que el Gobierno forme parte del consejo de Abenewco 1 si realiza una participación directa en el rescate
Abengoashares, que aglutina la mayor posición en Abengoa gracias a los accionistas minoritarios, abre la puerta a que el Gobierno de Pedro Sánchez se siente en el consejo de Abenewco 1, según informaron a finanzas.com fuentes de la sindicatura.
La plataforma está abierta a todas las opciones que pueda ofrecer el Estado con el fin de lograr sus objetivos para colocarse como máximos accionistas de la sociedad receptora del rescate lo que supondría desalojar de ese puesto al Banco Santander.
La clave de este movimiento residiría en ampliar el consejo de Abenewco 1 de tres a cinco consejeros. La opción la ha puesto sobre la mesa Clemente Fernández, el candidato de estos inversores a la presidencia del grupo.
La fórmula de la SEPI
Fernández ha propuesto a los otros dos candidatos al consejo formado por José Joaquín Martínez Sieso, expresidente de Cantabria, y José Alfonso Murat, administrador único de Imani Soluciones. Ambos no son accionistas de Abengoa, mientras que Fernández posee 10 millones de títulos.
La idea de Fernández es que el Gobierno pueda acceder al consejo de administración a través desde una intervención directa aportada por la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Esta es una de las opciones que maneja el candidato, aunque el propio Fernández señaló a finanzas.com que su idea inicial es “evitar una intervención del Estado más allá de los créditos ICO y avales de CESCE, pero se contemplan todas las opciones”.
Abengoa ya tentó a la SEPI
La propia sevillana, cuando aún estaba capitaneada por Gonzalo Urquijo, también intentó lograr el apoyo de la SEPI más allá de la inyección de capital de los organismos públicos de crédito.
La solicitud se encuadraba dentro del paquete de 10.000 millones de euros aprobados por el Gobierno para rescatar a empresas afectadas por el Covid-19 y que la pandemia pusiese en peligro la viabilidad del grupo.
Para ello, la sociedad debía esgrimir que el efecto del coronavirus era temporal y que la compañía contaba con viabilidad una vez pasase los efectos económicos del virus. Abengoa, además, esgrimió que a causa del Covid-19 se vio obligada a reestructurar el grupo.
El proyecto no llegó a puerto y fuentes del mercado señalaron entones que la estrategia de Urquijo pasaba también por lograr de la SEPI los 20 millones de euros que la Junta de Andalucía no inyectaba alegando la falta de mecanismos legales y jurídicos para hacerlo.
Giro en el consejo de Abenewco
De producirse el triunfo de Clemente Fernández, tras lograr tomar el mando en la junta extraordinaria de accionistas que aún no se ha convocado, el nuevo consejo de la vieja matriz tomaría las riendas de Abenewco.
Abengoa ya ha nombrado a los nuevos consejeros de la futura matriz tras la dimisión en bloque de Urquijo y su equipo, aunque solo ha revelado que Juan Pablo-López Bravo es, como sucede en Abengoa, el presidente.
La otra consejera, Margarida de la Riva, pues la sociedad cuenta con dos consejeros tras la dimisión de Jordi Sarriá, no forma parte de Abenewco1 cuyo entramado empresarial se traduce en que esta sociedad es propiedad de Abenewco2bis, a su vez propiedad de Abenewco2. Esta última, dueña de Abengoa.
La posición del Estado
Mientras, el Estado, a través del ICO y CESCE, sigue sin pronunciarse respecto al rescate y la compañía entiende, tal y como informó finanzas.com, que hará valer su participación dentro del accionariado para activar las ayudas que podrían elevarse hasta los 530 millones de euros.
El Gobierno marca compás de espera para ver qué sucede en la junta de accionistas, la relación entre la sindicatura y el Banco Santander y las cuestiones judiciales abiertas con Abengoashares y los Benjumea.
Es decir, el Estado espera también a que se clarifiquen los puntos de mayor tensión de una compañía que busca cerrar su tercera reestructuración en cuatro años tras 80 de historia, mientras emplea a 14.000 trabajadores en el mundo, 2.500 de ellos en España.
Proteger la ayuda
La participación total del Estado se eleva hasta el 3% y tanto el Ministerio de Industria como el de Economía, responsables de CESCE y el ICO respectivamente, quieren vigilar de cerca su apoyo por lo que contemplan “diversas fórmulas para hacer valer tanto su posición como la inyección de capital”, respondieron a finanzas.com fuentes de la negociación.
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Así, el Gobierno también se abre la puerta a tener presencia en alguna de las sociedades del grupo para controlar de forma directa su intervención para no compartir el argumento que esgrime la Junta de Andalucía, perder dinero.
“El Gobierno quiere evitar que su aportación caiga en saco roto después de perder un 70% de valor su posición en la compañía, una pérdida difícil de explicar a la sociedad”, comentaron fuentes financieras a finanzas.com.
