Montero cocina un impuesto para las criptomonedas que ignora su operativa

María Jesús Montero prepara un nuevo impuesto para las criptomonedas "situadas en el extranjero", lo que demuestra el desconocimiento de Hacienda sobre el sector

Hacienda elevó este año su nivel de control sobre la tributación de las criptomonedas al incluir una casilla en la declaración de la renta para tener bajo control cualquier incremento de patrimonio derivado de su compraventa.

Ahora, de cara a 2023, la Administración del Estado piensa elevar esa presión con la activación de un nuevo instrumento regulatorio.

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El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, presentó esta semana su propuesta de modelo 721 que esbozaba la idea del organismo para recopilar información sobre las "monedas virtuales situadas en el extranjero".

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El modelo 721 propuesto por Hacienda sigue la estela del modelo 720 para dar a conocer a la Administración los bienes ubicados en el extranjero, como pueden ser cuentas bancarias de entidades financieras ubicadas fuera del territorio nacional.

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De acuerdo al calendario sugerido por Hacienda, la declaración se realizará "entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar",

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El problema que ven distintas fuentes del mercado en esta propuesta, no obstante, es que no contextualiza la liquidez y descentralización del criptomercado.

Un sector en el que muchas plataformas de compraventa operan en el territorio nacional español, una vez completado su registro en el Banco de España, pero tienen sus sedes en otros países, obligando así al inversor a asumir la carga de esta tramitación.

Hacienda dibuja las fronteras de las criptomonedas

"Es un modelo que demuestra el desconocimiento del sector por parte de quien lo redacta", explicaba Javier Castro-Acuña, business controller de Bitnovo, a finanzas.com.

"Supone una burocracia desproporcionada con muy poco sentido que al menos no afectará a pequeños inversores al no existir obligación de declarar importes inferiores a 50.000 euros", añadía.

Joaquim Matinero Tor, abogado bancario-financiero especializado en tecnología blockchain en el despacho Roca Junyent, coincidía con la visión de Castro-Acuña, apuntando que "es una normativa que se venía esperando, pero que se está pensando desde un punto de vista de cuentas bancarias, como se ha hecho toda la vida, y no se ha tenido en cuenta lo que es la industria de las criptomonedas".

"Todo lo que no esté en un exchange español, como pueden ser Criptan o Bit2me, se considera que está fuera y, por tanto, tienes que declarar. Si tienes dinero en un exchange en Portugal, en una plataforma portuguesa, tienes que declarar con el modelo 721", desgranaba Matinero.

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El abogado destacaba, además, que la carga de este nuevo modelo anunciado por Hacienda provoca que la carga recaiga sobre el declarante, "una persona física o jurídica que tiene que hacer este trabajo de declarar estas posiciones, que son difíciles de saber".

Las plataformas de compraventa tendrán que ponerse las pilas

A pesar de que el modelo 721 eleva la presión en cuanto a la obligación informativa sobre todo para los propios inversores, es indudable que las plataformas de compraventa de criptomonedas tendrán que adaptar sus servicios para ofrecer una mejor y más sencilla experiencia a sus usuarios.

Así lo destacaba Javier Castro-Acuña desde Bitnovo, que consideraba que la aplicación del 721 "supondrá trabajo adicional para las plataformas, aparte del riesgo que conlleva para los usuarios el que existan bases de datos centralizadas que pudieran caer en malas manos".

Desde Coinmotion, un proveedor de servicios de moneda virtual registrado y regulado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia, la responsable de desarrollo de negocio de Coinmotion en España, Ana Elliot, enfatizaba que su plataforma "ya dispone de herramientas para obtener información relevante desde el punto de vista fiscal".

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Elliot, no obstante, concedía que "los requerimientos regulatorios son cada vez más exigentes a nivel global, por lo que cualquier bróker o exchange regulado ha tenido o tiene que desarrollar herramientas que permitan proporcionar información para que sus clientes puedan presentarla a Hacienda".

La responsable de desarrollo de negocio de Coinmotion en España, por último, indicaba que este modelo "efectivamente conseguirá una mayor supervisión, pero únicamente sobre aquellos activos custodiados por brokers o exchanges regulados y centralizados". Y se preguntaba, por tanto, que ocurrirá con aquellos custodiados por plataformas descentralizadas.

El marco regulatorio aumenta su precisión

La regulación sobre los criptoactivos, como se mencionaba de inicio, está suponiendo una carrera a contrarreloj por parte de las administraciones, que en ocasiones deriva en legislaciones complementarias.

Este parece ser el caso de la propuesta de modelo 721 para declarar criptomonedas situadas en el extranjero, y la aprobación por parte de Bruselas del reglamento MiCA, que busca establecer un marco regulatorio común para todos los países del bloque.

Elliot aclaraba en su comentario que, "aunque son dos iniciativas independientes y cada una tiene su propio objetivo, ambas incrementan la regulación sobre los criptoactivos, buscando una mayor transparencia en cuanto a la identificación de los clientes y sus transacciones, a la vez que evitan que los inversores puedan eludir el pago de sus obligaciones tributarias".

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José María Viñals, profesor del programa especializado en Blockchain e Innovación Digital del IEB, enfatizaba en su charla con finanzas.com que "se trata de regulaciones con un mismo objetivo, aumentar la trazabilidad de los criptoactivos en el Espacio Económico Europeo, pero con diferente enfoque".

"En la regulación europea, se pretende mejorar los controles sobre las transacciones y a través del modelo 721 se pretende garantizar que la Agencia Tributaria tenga conocimiento sobre la capacidad económica real de los obligados tributarios", matizaba Viñals.

Para el experto universitario, por tanto, ambas son regulaciones complementarias "que demuestran que los movimientos de la Unión Europea y de los Estados miembros, están encaminados a mejorar la transparencia en el criptomercado".

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