Policía presenta a 5 acusados de secuestro durante las protestas en Nicaragua

La Policía de Nicaragua presentó hoy a cinco acusados de secuestro, tortura y crimen organizado durante las protestas que vive el país desde abril, cuando se desencadenó una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos.

El segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el comisionado mayor Farle Roa Traña, informó hoy la detención de Allan Alemán, Flavio Castillo y Jack Castillo, acusados de "crimen organizado, secuestro, tortura, lesiones, asalto y portación ilegal de armas".

El comisionado explicó que el pasado 15 de junio, en el marco de las protestas, los tres detenidos, junto a otros sujetos que no identificó, se situaron "con armas de fuego" en un bloqueo en una vía del municipio de Jinotepe (suroeste).

Ahí "cometieron actos vandálicos, secuestrando a los pobladores, quienes eran trasladados al Colegio San José", centro de estudios que, según las autoridades, fue utilizado "para asesinar, torturar y violar".

La Policía dijo que les incautó "un revólver calibre 38, dos armas de fuego aptas para el disparo, municiones para ametralladora PKM, cinco tubos lanzamorteros y un chaleco color negro" y aseguró que cuenta con 25 declaraciones de testigos que los identificaron "como autores de los hechos criminales".

En otro caso, fueron detenidos Danny Chávez y Cristhofer Castrillo, también acusados de "crimen organizado, secuestro, tortura, lesiones, asalto, portación ilegal de armas".

Según el jefe policial, ambos estaban el 24 de junio, junto a otros sujetos no identificados, en un bloqueo a la salida de la comunidad Dulce Nombre, en Jinotepe, donde "secuestraron, torturaron y lesionaron gravemente" a un policía.

Durante las investigaciones, se les encontró dos armas de fuego, municiones para escopetas calibre 12, y fueron recabadas 30 declaraciones de testigos que los vinculan con los hechos.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos y más de 300 "presos políticos", según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.

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