Móviles y memorias USB pagarán el nuevo canon digital

Gobierno y entidades de gestión discuten una reformulación de la tasa que se quiera aprobar con urgencia

Cambio de calado en el canon digital, que puede estrenar un modelo parcialmente inédito que soportaría la tasa sobre la venta de móviles y memorias USB. El Gobierno y las entidades de gestión discuten sobre el pacto de un nuevo modelo que repercutiría la tasa para compensar a los creadores por las copias privadas de su trabajo en el precio de teléfonos móviles y otros soportes y aparatos de grabación. Así lo avanzaron este jueves fuentes conocedoras de un acuerdo «muy lejos de estar cerrado», según reconocen fuentes del Ministerio de Cultura.

«Existe un documento de trabajo pero estamos en una fase inicial de la discusión y hay que dejar claro que esto no es un vuelta a formulaciones anteriores del canon digital sin encaje jurídico», apuntan desde Cultura. «Hay que seguir negociado con el sector y los demás ministerios implicados y aún se podrían introducir muchos cambios» insisten.

Se trataría, con todo, de un sistema semejante al que estuvo en vigor hasta 2011, aunque con variaciones. El dinero para compensar a los los autores saldría del precio de venta de los soportes electrónicos o aparatos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual, esto es CD grabables, teléfonos móviles, o memoria USB.

El texto incluiría criterios para establecer la cuantía a pagar, como la intensidad de uso de los aparatos y soportes, su capacidad de almacenamiento, el impacto de la copia sobre la venta de la obra original o el carácter digital o analógico de la reproducción. Dice que no haya obligación de compensación cuando el perjuicio para el autor sea mínimo. Pero la gran incógnita está en la cifra que percibirían los creadores y que varios estudios sitúan entre los 50 y los 80 millones de euros.

Según la fórmula que se debate, quedarían exentas de la tasa empresas y Administraciones públicas y las personas físicas y jurídicas tendrían la opción de solicitar el reembolso si demuestran que las copias que realicen tiene fines profesionales. Así se establece en un borrador del real decreto «que es solo un documento de trabajos», insiste Cultura.

La normativa establecería la posibilidad de modificar tarifas y criterios según los cambios del entorno digital y de las tecnologías. Fija otra exención para «quienes cuenten con la autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, según proceda, en el ejercicio de su actividad».

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Se quiere que el nuevo y necesario canon entre en vigor a principios de 2017, pero será difícil ya que son necesarios informes de los ministerios implicados y la aprobación final del Consejo de Ministros. Cuando se apruebe el texto definitivo del Real Decreto, habrá que desarrollarlo a través de una orden ministerial.

Hasta ahora el canon se sufragaba a través de los Presupuestos Generales del Estado, según impuso la reforma aprobada por el Gobierno en diciembre de 2011. Una medida que fue anulada en noviembre por el Tribunal Supremo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallase en junio que contravenía la normativa comunitaria.

La anulación causó un vacío legal que hace urgente el establecimiento de un nuevo sistema válido. Establecido en 1996, el canon fue actualizado al entorno digital en 2006 por el Gobierno socialista, pero sufrió repetidos reveses judiciales. En 2011 la Audiencia Provincial de Barcelona estableció que solo personas físicas y no jurídicas debían pagarlo, de modo que la Audiencia Nacional anuló la orden ministerial que regulaba sus cuantías. El Ejecutivo del PP introducir un nuevo modelo, impulsado por el entonces secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, y que tumbó en junio el Tribunal de Justicia de la UE, y el Supremo, hace un mes.

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