Govern pide reunión a Fomento para tratar retirada recursos a leyes vivienda

El gobierno catalán ha pedido hoy al ministerio de Fomento una reunión bilateral para abordar la retirada de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra dos leyes catalanas sobre vivienda.

El secretario de Hábitat Urbano, Agustí Serra, ha hecho esta petición a la secretaria general de vivienda del ministerio de Fomento, Helena Beunza, durante la reunión de la comisión bilateral de seguimiento del convenio para la ejecución del plan estatal de vivienda 2018-2021, que se ha celebrado hoy en Barcelona.

En un comunicado, el departamento de Territorio de la Generalitat ha precisado que el Govern quiere que se retire el recurso presentado contra la ley catalana de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, y contra la de medidas de protección al derecho de la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.

A juicio del representante de la Generalitat en esa reunión, Agustí Serra, resulta fundamental que el Estado retire ambos recursos porque "eso nos permitirá afrontar con la máxima capacidad las políticas de vivienda".

El Ministerio de Fomento y la Generalitat han acordado hoy que impulsarán medidas para garantizar soluciones habitacionales para víctimas de violencia de género de manera urgente y coordinada.

La reunión se ha centrado en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que supone 272 millones de euros para Cataluña de los que 20,92 ya han sido adelantados.

El Ministerio de Fomento suscribió el 30 de julio pasado un convenio con Cataluña para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en el que el ministerio se compromete a aportar 209,23 millones de euros y la Generalitat a cofinanciar el plan con 62,77 millones.

Según la Generalitat, la aportación del Estado al plan de la vivienda es "claramente insuficiente teniendo en cuenta la realidad social, económica y del sector de la vivienda en Cataluña".

Según Serra, la financiación estatal para este fin está a niveles inferiores a los de 1993 y ello obliga a la Generalitat a hacer "una aportación muy superior a la recibida para hacer frente a las necesidades de atención social en materia de vivienda".

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