Estallido social de Nicaragua cumple seis meses en medio de paro de consumo

El estallido social que mantiene a Nicaragua hundida en una crisis sociopolítica cumple hoy seis meses, en medio de un paro de consumo de tres días, en protesta contra el presidente Daniel Ortega.

El paro de consumo, un llamado por la Unidad Nacional Azul y Blanco que inició ayer miércoles, consiste en no comprar artículos que más generan impuestos al Estado, como combustibles, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas y tabaco.

Hasta ahora la Unidad no ha brindado reportes sobre el efecto de la protesta, pero la misma tiene como objetivo evitar que el Gobierno utilice los ingresos del presupuesto general para "reprimir al pueblo".

El paro de consumo es la última de múltiples manifestaciones pacíficas de los nicaragüenses contra Ortega, algunas de las cuales han consistido en marchar por las vías principales, paro nacional de actividades, lanzar globos con los colores azul y blando de la bandera nacional de Nicaragua, o pintarse los labios de color rojo.

Organismos humanitarios afirman que desde el 18 de abril pasado entre 322 y 512 personas han muerto y otras 459 han sido capturadas como "presos políticos", debido a las acciones del Gobierno contra los manifestantes autoconvocados, es decir, que no siguen las órdenes de ningún líder.

Las autoridades reconocen 199 muertos y más de 200 reos, a los que califica como "terroristas" y "golpistas".

El Gobierno de Nicaragua ha sido señalado, por organismos defensores de los derechos humanos locales e internacionales, como responsable de "más de 300 muertos", ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Un diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica, que representa a diversos sectores de la población nicaragüense, se mantiene congelado desde julio pasado, cuando grupos oficialistas atacaron la sede del Episcopado, que actúa como mediador.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad, y se convirtieron en una exigencia de renuncia tras las muertes registradas durante las manifestaciones.

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