Competencia ve un cártel de grandes constuctoras

Las seis mayores constructoras de España se enfrentan a una dura sanción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que este viernes anunció la apertura de un expediente disciplinario tras acusarlas de formar un cartel para pactar las condiciones que ofrecían al participar en concursos públicos de obra civil.

La investigación comenzó en junio de 2017, al hallarse en la instrucción de otro caso documentación que despertaba esas sospechas. Luego se aumentó mediante inspecciones domiciliarias en las sedes de cuatro de esas compañías. Y ahora la CNMC aprecia «indicios racionales» de que han incurrido en «acuerdos o prácticas concertadas y conscientes para impedir o restringir» la competencia, en concreto en licitaciones convocadas por distintas administraciones públicas en todo el país para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios.

Los «acuerdos e intercambios de información» que protagonizaron fueron tan intensos, según el órgano de competencia, que llegaron a constituir «un grupo estable y formal» para ello. «De esta forma -añade-, decidían con carácter semanal si contrataban conjuntamente los distintos aspectos que incluía la oferta técnica de las licitaciones que iban haciéndose públicas».

Las seis compañías expedientadas -Acciona Construcción, Dragados (ACS), FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Obrascón Huarte Laín (OHL) y Sacyr Construcción- son filiales de los seis mayores grupos del sector, a las que se une bajo la misma acusación Corsán (Isolux). De ser declaradas finalmente culpables, la CNMC podría multar a cada una con una suma de hasta el 10% del volumen total de sus negocios.

Otros expedientes

La mitad de ellas (FCC, Sacyr y Ferrovial) ya figuran en otro expediente incoado por Competencia por el llamado 'cartel de las basuras', sobre los servicios de recogida en las grandes ciudades. Su primera sanción de 98 millones de euros fue recurrida por las empresas y anulada por la Audiencia Nacional, por lo que se tuvo que reabrir el expediente.

Además, está ya cerca de concluir el plazo máximo de 18 meses para la resolución de otro expediente a las compañías de obra civil, en este caso junto a empresas energéticas -entre firmas matrices y filiales hay 25 implicadas-. Se las acusa de «repartirse las licitaciones para la construcción y el mantenimiento» de los sistemas de electrificación y de equipos electromecánicos ferroviarios, tanto para el AVE como para el tren convencional.

Entre las empresas que se enfrentan a una multa cuantiosa por ello -la mayor por un cartel ha sido de 171 millones, en total, a firmas automovilísticas- figuran constructoras como ACS, OHL, Sacyr, Isolux y Comsa, ingenierías como Abengoa, tecnológicas como Indra, y fabricantes de material ferroviario como Alstom y Siemens.