Cien mil trabajadores se beneficiarán en Cataluña de programas de formación

Unos cien mil trabajadores de Cataluña podrán beneficiarse de los programas de formación profesional subvencionados por el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña, lo que supone un incremento del 10 % en relación al año anterior.

El departamento de Trabajo de la Generalitat ha facilitado hoy esta cifra después de la reunión del Consejo General del Consorcio, integrado, además de por la administración catalana, por los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas.

La oferta del Consorcio para 2018, que complementa la formación programada por las empresas, consta de acciones formativas de carácter transversal como cursos de idiomas, aplicaciones informáticas y habilidades interpersonales o directivas y acciones dirigidas a un ámbito sectorial concreto.

El primer paquete cuenta con unos recursos de 19 millones de euros y el segundo con 16 millones, con lo que el presupuesto total de estos programas se eleva a 35 millones, según ha informado el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones serán aquellas especializadas en la formación continua que se inscriban o estén acreditadas en las especialidades formativas que se han convocado, tal y como establece la convocatoria de los cursos hecha por el Consorcio.

Tras asistir a la reunión del Consejo General del Consorcio, el conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, ha destacado el esfuerzo que está realizando la Generalitat para hacer llegar la formación continuada y la profesionalizadora al máximo número de trabajadores y desempleados posible.

De las cien mil personas que podrán optar a la formación que gestiona el Consorcio, un 70 % son trabajadores de pymes y un 30 % de grandes compañías.

En paralelo, el Homrani ha señalado que la Generalitat se está preparando para asumir las competencias sobre la formación bonificada (la que se nutre de fondos de las cuotas de la Seguridad Social), responsabilidad que le corresponde a la administración catalana a partir de sentencia de 2013.EFE

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