CE pide a España que recupere 5,8 millones de ayudas de la minera Iberpotash

La Comisión Europea (CE) pidió hoy a España que recupere 5,8 millones de euros concedidos a la empresa minera española Iberpotash en Cataluña, al considerar que fueron ayudas públicas contrarias a las normas comunitarias de competencia.

La investigación en profundidad llevada a cabo por la Comisión reveló que esta empresa se benefició de dos medidas de apoyo ilegales: por un lado unas garantías financieras muy bajas para la restauración de las zonas mineras en Súria y Balsareny/Sallent, y por otro una inversión de 7,9 millones de euros para un proyecto de cubrimiento de residuos en Vilafruns.

Según el Ejecutivo comunitario, ambas ayudas hicieron que la minera no tuviera que soportar los costes de protección ambiental que las otras empresas competidoras tienen que asumir en la UE, lo que constituyó "una ventaja competitiva indebida".

Bruselas recordó hoy que las empresas mineras deben dar garantías financieras a las autoridades públicas que se pueden aprovechar para restaurar las condiciones ambientales del lugar donde operan.

Esto asegura que los costes no son trasladados al Estado si la empresa no respeta sus obligaciones de protección ambiental.

En el caso de las garantías ofrecidas por Iberpotash para Súria en 2006 y Balsareny/Sallent en 2008, los tribunales españoles concluyeron que los costes de restauración de los lugares se fijaron a un nivel "injustificadamente bajo", indicó la CE.

Las autoridades regionales de medioambiente estimaron en 2016 los costes y establecieron garantías a un nivel mucho más alto, añadió.

Sobre la segunda medida, la CE explicó que las autoridades regionales financiaron todo el coste de inversión para reducir el impacto ambiental negativo sobre los residuos en Vilafruns en 2008 y 2009.

Aunque las normas europeas permiten que las ayudas de Estado cubran una parte de los costes en los que se incurre para mejorar las condiciones ambientales más allá de los niveles obligatorios, Iberpotash aún tendría que soportar la mitad de los mismos, según la CE.

Por todo ello, la CE concluyó que la empresa debe pagar unas tasas de garantía que reflejen "los verdaderos costos" de las medidas aplicadas para reparar los daños en los lugares afectados hasta 2016 y además devolver los costes de inversión que fueron sufragados íntegramente por las autoridades públicas.