Canciller: "Naciones Unidas ha entendido que Guatemala es un país soberano"

La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, aseguró que Naciones Unidas ha entendido que Guatemala es un país soberano y se alegró por la recuperación del diálogo con la secretaría general de la ONU para solucionar los problemas con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

"Guatemala tiene sus creencias, sus valores y sus principios. No podemos permitir que se nos imponga una agenda global. Creo que se deben respetar los derechos, valores y creencias de los países para poder trabajar de una manera coordinada", enfatizó Jovel en una entrevista con Efe.

La ministra de Relaciones Exteriores recordó la constante colaboración de su país con Naciones Unidas, que mantiene 22 agencias en su territorio, pero se preguntó hasta qué punto ha sido prudente tener tal cantidad de entidades si no han apoyado las políticas del Gobierno.

"Naciones Unidas está al servicio de los Estados y así es como tiene que trabajar", puntualizó.

Sandra Jovel, que asistió a un encuentro del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, explicó que el responsable del organismo multinacional aceptó que "estamos en un diálogo que tiene que resolverse de la mejor manera posible en beneficio del Estado".

También lamentó la "agresividad con Guatemala, cuando ha sido un socio y un buen amigo de Naciones Unidas", y reiteró su preocupación por la "pasividad y la parsimonia con que la secretaría general de Naciones Unidas ha manejado los casos que a nosotros nos afectan".

Desde agosto de 2017, Guatemala expuso ante la ONU los aspectos en los que la CICIG ha incurrido en los últimos años, como la violación a los derechos humanos, las extralimitaciones en su mandato o el excesivo uso de la presión preventiva.

Sin embargo, pese al clima del diálogo, la canciller guatemalteca recordó que el presidente Morales fue bastante claro en solicitar precisamente a la secretaría general que presente de forma transparente cómo ha sido el uso de los fondos que se han asignado en estos once años a la CICIG, alrededor de 154 millones de dólares.

Esta, continuó, es una cantidad considerable para poder trabajar en Guatemala.

En cualquier caso aseguró que la decisión de no prorrogar la presencia de la Comisión más allá de septiembre de 2019 "está tomada y es irrevocable".

"Hay muchos casos paradigmáticos en relación con la Comisión: se acostumbró a violar el derecho de presunción de inocencia, a mediatizar los casos y esos son violaciones a los derechos humanos", agregó Jovel.

La titular de la cartera de Exteriores aseguró que el organismo que dirige el colombiano Iván Velásquez, a quien no mencionó en ningún momento de la entrevista, "ha abusado de la prisión preventiva" y con ello recordó que recientemente fallecieron en la cárcel dos médicos que posteriormente fueron declarados inocentes en el juicio.

Sandra Jovel negó rotundamente que el enfrentamiento con este organismo estuviera motivado por sus investigaciones sobre el presidente del Gobierno y su familia.

"Ahí es donde quieren tergiversar la información. El presidente ha sido muy respetuoso con la investigación que se le ha hecho a su familia, aunque lo que era una investigación administrativa la Comisión la quiso hacer penal y la utilizó de tal manera que la convirtió en un espectáculo mediático y político", detalló.

La fricción entre Morales y la ONU se agravó cuando desde 2015 el Ministerio Público y la Cicig emprendieron una cruzada con la desarticulación de varios casos en lo que están implicados altos funcionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.

Pero sus investigaciones también han salpicado a miembros cercanos del actual presidente, a su partido durante las elecciones que lo llevaron al poder y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes deben enfrentar un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.

Esta situación elevó las tensiones y más cuando el pasado 10 de agosto ambos entes volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el mandatario por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015, un extremo que él ha negado.

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