C. y León esgrime el cooperativismo como fórmula contra traslados y cierres

El refuerzo del cooperativismo, con medidas como el apoyo institucional y financiero a los trabajadores que quieran hacerse cargo de una empresa amenazada de cierre o traslado de la producción, es una de las fórmulas que potenciarán el Gobierno regional, los sindicatos y la patronal (Diálogo Social).

"Son ayudas para la creación de empresas de economía social" destinadas a los trabajadores de empresas en crisis, ha anunciado en una rueda de prensa la vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, después de asistir esta mañana a una reunión de la comisión de seguimiento del Diálogo Social.

Otras medidas, ya previstas en la II Estrategia Integral de Empleo (2016-2020) pero que ahora se pretende reforzar ante la avalancha de quiebras empresariales en Castilla y León (Lauki, Dulciora, Banco Ceiss y Printolid), todas ellas en Valladolid, se refieren al refuerzo económico de los derechos laborales de los empleados afectado.

Valdeón, quien ha aclarado que son de aplicación genérica y no adaptadas de forma expresa a las empresas en fase de clausura o traslado, ha mencionado el incremento hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del trabajador sujeto a expedientes de regulación suspensivos.

Para evitar mermas en la cotización a la Seguridad Social, la administración autonómica también aportará la parte correspondiente a los trabajadores mayores de 55 años bajo los efectos de regulaciones.

Este tipo de ayuda también será extensible, como ya ocurre con los operarios temporales y fijos discontinuos dedicados a faenas agrícolas y ganaderas, a los afectados en el ámbito de la producción industrial.

Todas ellas "son de aplicación inmediata, algunas ya convocadas, otras en trámite y cada una con una dotación presupuestaria, todas las cuales suman 12,5 millones, ha precisado la vicepresidenta y consejera delante de los representantes sindicales (CC.OO y UGT), así como de la patronal (CECALE).

El objetivo es el de "revertir la actual situación" de deslocalización de empresas desde Castilla y León, pese a ser competitivas, en un contexto de economía de libre mercado "que tiene su parte positiva, sus bondades, y otras negativas" como la actual pero, en cualquier caso, sujeta a la normativa comunitaria (UE) y a la nacional.

De esta manera, Rosa Valdeón ha matizado la pretensión de los representantes sindicales -Vicente Andrés (CC.OO) y Evelio Angulo (UGT), de elevar a rango de ley estas medidas anunciadas por la comisión de seguimiento del Diálogo Social.

La vicepresidenta también ha descartado la intervención del Gobierno regional en los accionariados y en otras fórmulas de presión contrarias a la economía de libre mercado, porque "no creemos en la nacionalización de las empresas y sí en el compromiso de las instituciones".

Vicente Andrés (CC.OO) ha elogiado el refuerzo y reorientación a la situación actual de estas medidas, especialmente la del cooperativismo que, según ha añadido, ha dado sus frutos con la recuperación de industrias en crisis por parte de los trabajadores y ha mencionado como ejemplos a Fontaneda (Palencia), Antibióticos (León) y Puertas Norma (Soria).

La transmisión de la actividad desde la propiedad a los empleados se puede facilitar mediante un cambio normativo, ha sugerido al igual que Evelio Angulo (UGT), partidario de "redefinir un nuevo protocolo" que tenga en cuenta ahora, además de las empresas en crisis de resultados, las que pretenden trasladar la producción, aún siendo rentable, a otros lugares por ser más competitivos.

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