Al Gobierno de Jordania se le acaba el tiempo para arreglar sus cuentas

Cuatro meses después de las protestas que hicieron caer al Ejecutivo de Habi al Mulki, el Gobierno de Jordania trata de sacar adelante antes de fin de año una reforma tributaria para reducir el déficit ante la oposición de una parte de la población que ya ha advertido que no lo aceptará.

El rey Abdalá II nombró a Omar al Razaz como primer ministro en junio después de que un proyecto de ley fiscal similar al que se presenta ahora llevara a la dimisión a Al Mulki tras diez días de protestas continuas, en un hecho sin precedentes en el país.

El pasado fin de semana cientos de jordanos volvieron a movilizarse en protestas justo en el día en que Al Razaz cumplió cien días como primer ministro.

El Gobierno del reino hachemita cuenta los días para que el próximo 14 de octubre el Parlamento comience el periodo de sesiones ordinario y aborde el controvertido proyecto de ley, con el que espera cumplir con parte de las reformas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y seguir contando con su apoyo.

En un país en el que apenas un 4 % de la población paga impuestos, el Gabinete de ministros aprobó el 22 de septiembre un nuevo proyecto de ley que rebaja el umbral de ingresos exigido para pagar el impuesto sobre la renta con el objetivo de aumentar la base de contribuyentes.

Además, propone aumentar los impuestos a los beneficios de los bancos, que pasarán de pagar el 25 % al 37 %, y a otras empresas.

Los críticos sostienen que el nuevo proyecto de ley no difiere del que forzó a Al Mulqui a dimitir y que buscaba aumentar el número de contribuyentes en un 6 %.

Con el proyecto en manos del Parlamento bicameral, cuya compleja cámara baja está formada por miembros del Frente de Acción Islámica y diputados que representan intereses tribales y religiosos, el primer ministro ha tratado de explicar su objetivo.

En una entrevista reciente con la televisión estatal, Al Razaz explicó que "habrá un alto precio y repercusiones a las que Jordania tendrá que hacer frente en caso de que la nueva ley fiscal no sea respaldada por el Parlamento antes del comienzo de 2019".

Al Razaz atribuyó las críticas a la nueva ley tributaria a la "frustración que se ha acumulado a lo largo del tiempo" como resultado de las prácticas de los Gobiernos anteriores y de su incapacidad para luchar contra las irregularidades, incluida la corrupción.

Esta nueva ley se enmarca en el plan de reformas económicas emprendidas en 2016 bajo la supervisión del FMI, cuyo objetivo último es reducir el déficit estatal.

El déficit presupuestado para 2018 es del 1,8 %, frente al 2,7 % del ejercicio anterior, pero si se excluye la ayuda extranjera la cifra de déficit para 2018 llega a 1.755 millones de dólares, un 4,1 %.

El príncipe Hamza, hermanastro del rey, ha criticado abiertamente el proyecto de ley en la red social Twitter, advirtiendo de que si el Estado busca "repetidamente" la solución a sus problemas en el "bolsillo del ciudadano" puede "empujar la patria hacia el abismo".

Hamza, a quien Abdalá II le retiró el título de príncipe heredero en 2004, defendió que para "reconstruir la confianza entre el ciudadano y el Estado", se debe acometer primero una reforma de la "administración fracasada del sector público" y tomar "medidas serias contra la corrupción generalizada y sancionar seriamente a los corruptos".

El diputado Nabil Ghishan reconoció a Efe la importancia de cumplir con las condiciones del FMI "para que Jordania obtenga un certificado de desempeño económico sólido que le permita tomar dinero prestado en el futuro".

"Necesitamos estas reformas, pero eso no significa presionar a Jordania y creo que se debería resistir a tales presiones", aseguró.

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