Condenas de cárcel para dos jóvenes por asesinato de periodista en Nicaragua

Un juez de Nicaragua condenó a 23 y 12 años y medio de prisión a dos jóvenes afrodescendientes, quienes fueron declarados culpables del asesinato del periodista Ángel Gahona el pasado 21 de abril en medio de una crisis sociopolítica, informó hoy el Poder Judicial.

Gahona fue asesinado cuando transmitía en directo unas maniobras de la Policía Nacional nicaragüense para enfrentarse a una manifestación que era parte de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que provocaron una crisis que ha dejado más de 300 muertos.

La sentencia definitiva fue dictada la noche del jueves a puerta cerrada por el juez sexto del Distrito Penal de Juicio de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, después de que el pasado martes ya fueran declarados culpables en una sesión en la que la Fiscalía solicitó 48 años de prisión para cada uno de los imputados.

Lovo fue acusado de disparar un arma artesanal desde una distancia de entre 64 y 94 metros, y Slate fue procesado como colaborador necesario, durante una manifestación en la localidad de Bluefields, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua.

El juicio, que tardó varios meses, fue cuestionado por testigos, vecinos y familiares de la víctima, quienes han sostenido que el periodista fue asesinado por un policía y respaldaron sus argumentos con diversos vídeos.

Organizaciones humanitarias también criticaron que el juicio se haya realizado a puerta cerrada, únicamente en presencia de medios de comunicación del Gobierno, y sin permitir la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó lo que denominó el "aparato represor del Sistema Judicial del régimen Ortega-Murillo", y argumentó que, tanto el Ministerio Público como el juez Rodríguez hicieron caso omiso a 35 vídeos que demostraron la inocencia de los jóvenes afrodescendientes.

La CIDH ya ha advertido de que Nicaragua vive la "tercera fase" de represión gubernamental, "más ruda, más explícita y burocrática", que es la "criminalización de manifestantes", tras la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.

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