Decisión del TS sobre impuesto de hipotecas beneficiará a 30.000 aragoneses

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha dicho hoy que la sentencia del Tribunal Supremo que ordena que sean los bancos y no los clientes quienes paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados afecta en los últimos cuatro años a 30.000 expedientes firmados por aragoneses por unos 90 millones de euros.

El Supremo corrigió ayer su propia doctrina, emitida en febrero, y decidió que sean los bancos que conceden las hipotecas quienes se hagan cargo del impuesto, lo que les puede suponer a los bancos españoles un desembolso cercano a los 1.900 millones de euros.

En Aragón, en cuatro años (los de prescripción de un impuesto), la Comunidad ha recaudado por este concepto noventa millones de euros, que han pagado los ciudadanos.

Ahora, la sentencia genera un "revuelo importante, ha dicho en declaraciones a los medios en los pasillos de las Cortes el consejero, quien ha insistido en que es un "complejo" y nada simple.

En cualquier caso, "la obligación de las administraciones es facilitar y resolver el problema y cumplir la sentencia", pero Gimeno cree que al ser de una "envergadura enorme", debe de solucionarse "de la misma forma para toda España", entre otras cosas porque se ha anulado un artículo de un reglamento que elaboró el Gobierno de España, dentro de sus competencias, y su anulación produce efectos en todo el país.

Hoy mismo Gimeno ha dirigido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedirle que los responsables tributarios del Gobierno de España reúnan a los autonómicos para que estudien el problema en profundidad le busquen una solución.

Una vez que se determine, Gimeno opina que habría que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que todas las comunidades apliquen la misma solución, ya que el de Actos Jurídicos Documentados es un impuso cedido.

No ha querido avanzar fórmulas que podrían ser "diversas" en un momento en el que "lógicamente" los ciudadanos ya se están dirigiendo a los bancos o a las administraciones para reclamar su dinero.

El problema tiene "perfiles y matices", como si el periodo considerado para la devolución es de cuatro años o de más.

El efecto sobre las arcas públicas autonómicas, ha explicado finalmente, es "neutro" ya que el hecho de que "pague uno u otro no tiene ninguna repercusión sobre los ingresos ni sobre los gastos".

.