Gestha cree que pueden reclamarse 130 millones en CLM por impuesto hipotecas

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 130 millones de euros el importe abonado por 59.681 contribuyentes de[…]

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 130 millones de euros el importe abonado por 59.681 contribuyentes de Castilla-La Mancha por el impuesto asociado a las hipotecas en los últimos cuatro años, que es el periodo no prescrito, una cantidad que podrían reclamar si finalmente el Tribunal Supremo decide que son los bancos los que tienen que abonarlo.

En un comunicado, Gestha ha detallado que otros 606.953 hipotecados de Castilla-La Mancha -los que firmaron sus contratos entre enero de 2003 y septiembre de 2014- podrían reclamar a los bancos por la vía judicial otros 1.119 millones de euros abonados por este concepto.

A nivel nacional, Gestha ha estimado que el importe que podrían reclamar 1,5 millones de contribuyentes con hipotecas firmadas entre octubre 2014 y julio de 2018 asciende a 3.631 millones de euros, y otros 13,4 millones de hipotecados podrían reclamar por vía judicial otros 25.657 millones de euros.

Gestha ha señalado que las hipotecas firmadas entre octubre de 2014 y julio de 2018 son las que no han prescrito desde el punto de vista fiscal y por tanto aquellas en las que es posible el recurso ante las haciendas autonómicas por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

Asimismo, ha explicado en el comunicado que si finalmente el Supremo mantiene que los bancos paguen este impuesto, las reclamaciones de los últimos cuatro años deben dirigirse a las haciendas autonómicas, ya que se trata de un impuesto cedido.

A partir de ese momento, las haciendas autonómicas realizarán un procedimiento de comprobación tributaria y notificarán una liquidación espejo a la entidad financiera correspondiente, a la que exigirán el mismo importe y los intereses de demora.

En el caso de las hipotecas firmadas hace más de cuatro años, los técnicos han solicitado a los bancos que devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear, lo que constituye un proceso "más farragoso, largo y costoso".

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