Extremadura formalizó 142 encomiendas de gestión en 2013 por 102,1 millones

La Junta de Extremadura formalizó al menos 142 encomiendas de gestión en el ejercicio 2013 por un presupuesto total de 102.132.499 euros.

Así se recoge en el estudio de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión del año 2013 que ha aprobado el Tribunal de Cuentas.

Para la elaboración del informe se ha seleccionado una muestra de 56 expedientes de encomiendas de gestión por importe de 57.5 millones, que suponen el 39 por ciento de las comunicadas y un 56,38 del importe total.

El Tribunal de Cuentas recomienda modificar el régimen jurídico al que se sujeta la encomienda de gestión en el ámbito de Extremadura para dotarla de una precisa regulación que garantice "la adecuada justificación" de las carencias para desarrollar las tareas encargadas.

A su juicio, la justificación de la necesidad se ha establecido de una "manera genérica", sin estudios precisos por ejemplo de los costes.

El órgano fiscalizador también considera que debería mejorar la planificación de la organización administrativa por el "reiterado uso en el tiempo".

En este sentido, "sería conveniente -dice- extremar de hecho la separación y diferenciación, más allá de las meras formalidades, en las relaciones entre la administración encomendante y la encomendada".

También habla de clarificar cómo se articulan las relaciones entre el personal propio de la administración encomendante y la encargada de los trabajos, "a fin de evitar los riesgos derivados de la posible inclusión en supuestos de cesión de trabajadores", según el Tribunal de Cuentas.

Asimismo, a juicio de este órgano fiscalizador, deberían incorporarse a las resoluciones en las que se recogen los encargos, "cláusulas que de forma expresa vinculen el importe final de la encomienda a los costes que finalmente hubieran supuesto para el encomendado, limitando el riesgo de una posible falta de adecuación de los precios".

En relación con esta cuestión advierte de que "en caso de considerarse necesario la intervención de empresas del Grupo TRAGSA, el Gobierno de Extremadura debiera adoptar las medidas pertinentes para aprobar previamente las tarifas a emplear en las encomiendas".

Según el Tribunal de Cuentas, no consta la participación de la Administración autónoma extremeña en la fijación y aprobación de las tarifas de TRGSA aplicables a los encargos de la comunidad autónoma.

El informe recoge, además, que varias de las encomiendas tienen un carácter "estructural y permanente", el paulatino descenso del empleo de esta técnica de gestión y "la amplitud con la que se concibe el objeto social de algunas entidades encomendadas".

Esto último ha propiciado que hayan sido utilizadas como "medio para todo", lo que resulta especialmente predicable en el caso de GPEx y GISVESA, detalla el informe.

En su opinión, se ha producido una "notable mejoría" respecto al cumplimiento de los diversos procedimientos establecidos para el control y seguimiento de las encomiendas, en consonancia con las distintas recomendaciones que se hicieron por parte del Tribunal de Cuentas en sus informes anuales.

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