Amparo, la vecina expropiada por vial, y PGOU de Santander, entran en debate

Podemos y Ciudadanos han vertido críticas al Ayuntamiento de Santander en el debate de la ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales, para censurar la solución que pretendía el PP para la anulación del Plan General y para recordar a Amparo Pérez, la vecina expropiada por el vial de la S-20.

El diputado de Podemos José Ramón Blanco ha hablado de Amparo Pérez, la vecina que murió hace casi dos años y a quien expropiaron su vivienda en Las Llamas para ejecutar la conexión de la S-20.

Blanco, que estaba hablando de la ley de Acompañamiento, ha dicho que a Amparo "la asesinó el señor De la Serna" y ha lamentado que fue una "mujer indefensa ante el abuso de la autoridad pública", que "la echó de su casa para hacer un vial por el que no pasa nadie".

"Murió fruto de enorme tensión, ansiedad y estrés", ha asegurado Blanco, que formó parte de la plataforma "Amparo se queda", que se movilizó para evitar el desahucio de esta mujer.

El diputado del PP Francisco Rodríguez ha intervenido desde su escaño para decir que "no se puede permitir" que un parlamentario haga esas acusaciones y para pedir que retirara sus palabras.

Blanco ha dicho que lo retira, pero "por cortesía parlamentaria". "Porque esta mujer murió", ha recalcado.

La diputada popular Cristina Mazas se ha congratulado de que aceptara la petición y ha advertido de que hay manifestaciones que no se pueden permitir en la Cámara regional. "Es más de una ocasión en que esto sucede y celebro que el portavoz haya retirado sus palabras", ha comenPor su parte, el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha acusado al PP de "mentir" al afirmar que la reforma de la Ley del Suelo que plantean realizar a través de la Ley de Acompañamientoservirí para solucionar los problemas derivados de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander por parte del Tribunal Supremo.

Gómez ha comenzado criticado a los populares por no hacerse "responsables" de que el PGOU de Santander haya sido "tumbado" en las tribunales.

Y ha opinado que comparar lo que pretenden que se haga en Cantabria aprobando unas normas urbanísticas transitorias con lo que, según el PP, ya se está haciendo en otras comunidades autónomas, es "mentira", afirma Gómez.

Este diputado considerado que "lo más parecido" es lo que se ha hecho en Castilla y León, Valencia o Galicia aunque "no es exactamente lo mismo"; y, en cualquier caso, ha considerado que también es "mentira" que la modificación de la Ley del Suelo sea la forma de solucionar el problema de manera inmediata.

Para Gómez, cuando los populares quieren convencer a la opinión pública de es una "solución mágica", los hacen "mintiendo y faltando a la verdad".

Además, el diputado socialista Guillermo del Corral, ha considerado que introducir quince modificaciones en la actual Ley del Suelo a través de la Ley de Acompañamiento, como pretende el PP, es una "chapuza" para la que no pueden contar con el Gobierno.

Del Corral ha criticado las "modificaciones a la carta" que, a su juicio, ha practicado el PP desde hace años, que han ocasionado "graves perjuicios" a los ciudadanos y millones de euros de coste al erario público.

También ha acusado al PP de tratar de "reescribir" la historia, al señalar que el recurso de ARCA contra el bitrasvase que ha sido estimado por el TS data de la época en la que gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, ya que, según ha precisado, se presentó cinco días antes de su toma de posesión como presidente de Gobierno.

Así, ha remarcado, la Evaluación Ambiental sobre el bitrasvase "fue realizada por el Gobierno de Aznar".

También la diputada regionalista Rosa Díaz ha considerado que proceder a la modificación de la Ley del Suelo a través de la Ley de Acompañamiento "no es lo más aconsejable" por motivos de seguridad jurídica.

Sin embargo, la diputada popular Cristina Mazas, ha reiterado la necesidad de llevar a cabo dicha modificación para contar con una normas urbanísticas transitorias, como ya se viene aplicando en otras diez comunidades autónomas.

Y tras señalar que este año "se modificarán 21 leyes" mediante esta fórmula, ha considerado que no hacerlo en este caso provoca inseguridad jurídica y la vuelta a un uso urbanístico desfasado.

EFE

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