FER,ASPREM y ASPRODEMA apoyan inserción laboral de personas con discapacidad

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER), la Fundación ASPREM y ASPPRODEMA han suscrito hoy un convenio de colaboración, en apoyo e impulso de la inserción e integración social laboral de las personas con discapacidad intelectual.

En un comunicado conjunto, las tres entidades han abogado por mejorar la calidad vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias a través de sus centros ocupacionales, talleres, formación e numerosos proyectos, programas e iniciativas que han desarrollado.

La FER, en el marco de su estrategia de responsabilidad social empresarial y con la vocación de establecer alianzas, compromisos y colaboración con las entidades sociales de nuestra comunidad autónoma, se ha sumado a ASPRODEMA y a su Fundación ASPREM para el Empleo.

El objetivo es concienciar a las empresas riojanas sobre la importancia que tiene en una sociedad avanzada, justa y solidaria, favorecer la integración social y laboral de las personas que tienen algún grado de discapacidad, en este caso, intelectual.

Las personas con discapacidad intelectual, han añadido, están perfectamente capacitadas para llevar a cabo con pleno rendimiento múltiples tareas en cualquier actividad empresarial, según han resaltado los presidentes de la FER, Jaime García-Calzada;de la Fundación ASPREM, María Luz Quiroga Ibáñez; y de ASPRODEMA, Belinda Fernández Miranda.

El compromiso que han firmado los tres desea ser un ejemplo para que las empresas riojanas puedan impulsar también actuaciones de integración social y laboral en beneficio de las personas con discapacidad.

Las tres organizaciones promoverán acciones divulgativas conjuntas para difundir las actividades, proyectos y servicios que s realizan, como la posibilidad de que las empresas puedan desarrollar acciones sociales por medio de fórmulas como la financiación, el patrocinio, el voluntariado corporativo, la adquisición de productos y la prestación de servicios.

Además, el acuerdo establece la necesidad de informar y asesorar a las empresas sobre aspectos legales y normativos relacionados con la contratación de personas con discapacidad intelectual, el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, las normativas existentes y las medidas alternativas previstas para el tejido empresarial. EFE.

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