Asociaciones de inversores estudian medidas contra Colombia por Electricaribe

Asociaciones de inversores internacionales y de accionistas minoritarios estudian la adopción de medidas legales contra el Gobierno de Colombia por la liquidación de Electricaribe, por cuanto la consideran una expropiación encubierta.

Así se informa desde el despacho de Cremades & Calvo-Sotelo, que ha elaborado un informe internacional sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversión en Iberoamérica, en colaboración con la World Federation of Investors (WFI), la European Federation of Investors Better Finance (BF) y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC).

El informe ha sido presentado en Washington por Carlos de la Mata Gorostizaga, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo, y Alberto Ruiz Ojeda, socio de la firma.

Los directivos de este despacho han mantenido diversas reuniones con responsables del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las que se ha puesto de manifiesto la preocupación por la protección a los derechos de los accionistas minoritarios en diferentes países latinoamericanos y la liquidación de Electricaribe.

El Gobierno colombiano ordenó el pasado día 14 la liquidación de la filial colombiana de Gas Natural Fenosa, Electricaribe, cuatro meses después de ser intervenida y tras una fallida negociación para intentar una solución pactada.

Gas Natural Fenosa, por su parte, ha solicitado procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de su filial.

Desde Cremades & Calvo-Sotelo apuntan que la liquidación de Electricaribe ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de protección a los pequeños y medianos accionistas, ya que el ahorro de las familias, los fondos de pensiones o los recursos destinados a garantizar los derechos sociales requieren también el amparo de las instituciones.

En relación con un país de la importancia de Colombia, señalan las mismas fuentes, es aún más necesario avanzar en muchas de las propuestas que ha formulado la OCDE con el fin de afianzar la solidez de las instituciones de regulación y supervisión en esta nueva y decisiva etapa histórica para el país.

Casos como el de Electricaribe, afirman, evidencian el hecho de que algunos de los países más importantes de la región hayan postergado reformas necesarias para garantizar mayor autonomía de los organismos sectoriales de regulación y supervisión.

Por contra, Perú, México y Argentina consolidan o recuperan su percepción como destinos seguros para la inversión extranjera, gracias a la mayor independencia de sus organismos de regulación y supervisión sectorial y a la percepción de mayor seguridad jurídica para la inversión extranjera en la región.

El informe se ha presentado también ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), y está siendo analizado por importantes asociaciones internacionales de defensa de los accionistas minoritarios reunidas en la ciudad belga de Gante.