Tribunal europeo DH avala fianza de 1.100 millones de euros de Francia a UBS

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró hoy inadmisible la demanda del banco suizo UBS por la fianza de 1.100 millones de euros que le impuso Francia en 2014, tras imputarle por presunto blanqueo con agravante de fraude fiscal.

A través de una decisión y no de una sentencia, los jueces europeos rechazaron examinar el fondo de la cuestión, es decir, si Francia había vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad del banco al imponerle una fianza tan elevada.

Respecto a la presunción de inocencia, destacaron las diferencias entre "las decisiones o declaraciones que dan la sensación de que la persona afectada es culpable y las que se limitan a describir un estado de sospecha".

Las primeras vulneran la presunción de inocencia (de acuerdo con el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), mientras que las segundas son compatibles con el espíritu del Convenio.

Para el Tribunal de Estrasburgo, la orden judicial que impone la fianza "no implica una motivación que lleve a pensar que los jueces (franceses) consideran culpable al banco UBS".

Respecto a la proporcionalidad de la fianza, la corte europea consideró "creciente y legítima" la preocupación que hay por los delitos financieros, "que representan comportamientos socialmente inaceptables" y "la dificultad de luchar contra ellos".

La sala quinta del TEDH añadió que los magistrados franceses evaluaron la fianza "de manera muy motivada, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, la importancia de los delitos y el potencial perjuicio", sin olvidar los recursos del banco.

Por eso, concluyó que la alegación de la entidad financiera está "manifiestamente mal fundada".

En su dictamen también echó por tierra el resto de alegaciones (juicio justo, en un plazo razonable de tiempo, no hay pena sin ley, derecho a un recurso efectivo y prohibición de la discriminación) por "no haber agotado las instancias judiciales internas".

UBS Francia fue acusada en junio de 2013 de captación bancaria o financiera ilícita de residentes franceses, entre 2004 y 2011 y se le fijó una fianza de 2.875.000 euros.

Un año después, se le sumó la imputación de blanqueo con agravante de fraude fiscal, con una fianza de 1.100 millones de euros.

El Tribunal de Apelación de París justificó en 2014 esa medida por el perjuicio al Estado francés, ya que "los activos ocultos eran susceptibles de ser tributables al impuesto sobre el patrimonio".