TI pide castigar fiscalmente las operaciones de la banca en paraísos fiscales

La ONG Transparencia Internacional España (TIE) pide gravar fiscalmente de forma "notable o más sustantiva" las operaciones que realizan las entidades financieras hacia o desde lugares considerados paraísos fiscales o territorios que no cooperan en materia fiscal.

En un documento en el que detalla 76 propuestas de buenas prácticas y de prevención de la corrupción en el sector financiero, la organización también reclama que se obligue a la banca a identificar a los clientes con intereses en paraísos fiscales y a facilitar información automática sobre estos a las autoridades, así como a publicar información sobre inversiones y operaciones de relevancia que se hagan en ellos.

Para combatir el secreto bancario, propone que en los casos de clientes que sean sociedades o fideicomisos sea obligatorio identificar al beneficiario final de las cuentas y otros activos financieros.

TIE considera que ayudaría a combatir la corrupción un aumento sustantivo de la plantilla a corto plazo del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y que a ella accedan miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, de los ministerios de Economía y Hacienda y del Banco de España.

El director del SEPBLAC debería ser elegido entre funcionarios independientes y contar con el visto bueno de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, añade.

También considera necesario que haya un "canal de denuncias" accesible para empleados, directivos y accionistas que garantice confidencialidad para evitar represalias en el futuro.

De cara al creciente uso de nuevas tecnologías, TIE exige a las entidades que velen por un uso especialmente ético de los datos de los clientes que se usan con técnicas de "big data" para respetar la privacidad.

En cuanto a las reclamaciones de los clientes, la ONG pide que se publique información detallada de las quejas, reclamaciones e incidencias que ha recibido la entidad financiera y las soluciones o medidas que se han adoptado al respecto.

Cree que deberían implantarse servicios de reclamaciones cuyas decisiones fueran vinculantes para la propia entidad, así como habilitar canales para atender las disconformidades de los consumidores de forma eficaz.

Además, pide que las entidades publiquen el número de desahucios que han llevado a cabo, el lugar geográfico donde se producen, el uso del inmueble (primera vivienda, persona física o jurídica, etc), cuantas daciones en pago se han acordado y las iniciativas sobre vivienda social que han realizado.