Los mayores costes que deben soportar los bancos por las sentencias que les imputan el pago del impuesto que antes pagaban los clientes en las hipotecas se traducirán en precios más altos para no dañar la rentabilidad que debe preservarse, porque es clave para el funcionamiento de la economía.
En esta tesis han coincidido hoy el socio de servicios financieros de KPMG, Francisco Uría; el vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales, Angel Berges, y el director adjunto de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Joaquín Maudos.
En un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros los tres han defendido que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para que el sistema hipotecario funcione con fluidez.
Maudos ha confiado en que el sistema hipotecario siga funcionando con normalidad por el bien de la economía española, y por los ciudadanos que quieren comprar su piso, pero le preocupa la inseguridad jurídica y la "demonización" de la banca, "que no es la culpable, siempre ha pagado sus impuestos".
Los bancos, añade, no pueden vender a pérdida, por lo que es normal que trasladen sus costes a tipos de interés o a comisiones, dado que la banca tiene que ser rentable y ahora su viabilidad esta en entredicho.
Berges ha explicado que los supervisores vigilan que el tipo que se pide a los clientes cubra los costes de financiación, los de explotación y la prima de riesgo y si no lo cubren, el supervisor exige dotaciones, en un sector que está regulado para garantizar la estabilidad financiera.
Cambiar las reglas de juego a mitad de partido es peligroso, por lo que "igual el crédito hipotecario no será tan barato", ha dicho.
Para Uría, lo que ha ocurrido es que se han atacado problemas sociales "tremendos" con regulación hipotecaria y "se debería haber hecho con políticas publicas".
Por ello, ha abogado por que el proyecto de ley de crédito hipotecario que ahora está en tramitación en el Parlamento de pautas de seguridad y proteja al comprador, pero al tiempo defina un terreno de juego previsible.
Los expertos también han coincidido en que la crisis del sistema financiero que desembocó en el rescate en 2012 fue en buena medida responsabilidad de los supervisores, que no fueron capaces de anticiparla.
Para Joaquín Maudos, se trata de una culpa compartida por supervisores, entidades, tasadoras, aunque los primeros responsables son las entidades, los gestores de los bancos.
Uría focaliza la responsabilidad más en la política monetaria ultralaxa, que lleva a las entidades a una estrategia de volumen, frente a la cual el regulador debió haber exigido más capital y el supervisor debió tratar de "tirar de las riendas", aunque ha considerado excesivo atribuirles responsabilidades penales: "es mucho salto", ha dicho.
Berges considera que la crisis de la deuda soberana se llevó por delante todos los pronósticos, incluso las previsiones del Banco de España, que cuando estableció las provisiones anticíclicas fue acusado de intrusivo y "la realidad es que se quedó corto".
Han apostado también por las fusiones transfronterizas, aunque son difíciles porque sigue habiendo barreras muy importantes en términos de regulación, de normativa de insolvencias, de calidad de los activos... que hacen que "nadie quiera comprar", según Berges.
Uría dice que no se van a producir porque invertir en banca en Europa es un "mal negocio", pero defiende las fusiones porque el tamaño es una garantía para competir y para hacer frente a los desafíos tecnológicos.
Para Maudos, la concentración del sector en España ha aumentado pero no es preocupante. Hay margen para mas fusiones sin afectar a la competencia, especialmente en banca mediana y pequeña, aunque en el caso de entidades con nichos de mercados rentables no hay razones para ello.
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