Abogados proponen el arbitraje para ejecutar fallo europeo de cláusulas suelo

El Consejo General de la Abogacía Española ha propuesto hoy que los tribunales de Arbitraje puedan ejecutar la sentencia sobre cláusulas suelo dictada por Europa esta semana y que obliga a la banca a devolver las cantidades percibidas de más desde el momento de la firma del contrato.

El colectivo asegura que esta medida podría evitar "mayores perjuicios" a los afectados así como el colapso de los órganos judiciales al dar una "solución rápida" a las diferencias entre bancos y clientes.

En una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha pedido al Gobierno que "apruebe una disposición normativa que establezca un procedimiento para canalizar la ejecución de la sentencia europea a través de estos mecanismos arbitrales".

Según Ortega, el procedimiento debe incorporar la intervención preceptiva, esto es, en defensa de los consumidores afectados, de los profesionales de la abogacía.

Además, considera que el fallo dictado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es, sin duda, una buena noticia para los "miles" de ciudadanos afectados que "deberían verse resarcidos con celeridad y sin añadir nuevas complicaciones a las que ya han sufrido por estas desafortunadas prácticas bancarias".

El TJUE reconoció el miércoles la retroactividad plena para los clientes con cláusulas suelo abusivas, es decir, no transparentes, a los que las entidades financieras que comercializaron hipotecas con estas características deberán resarcir.

La corte europea se opuso así a la decisión del Tribunal Supremo que determinó que los usuarios sólo podrían recuperar los intereses que abonaron indebidamente desde la fecha de la sentencia, dictada el 9 de mayo de 2013, y no desde que suscribieron el contrato.

Aunque no hay cifras exactas, según diferentes cálculos, unos dos millones de personas pagaron entre 3.000 y 6.000 euros de más en intereses por culpa de estas cláusulas, que se incluyeron en entre el 30 % y 40 % de las hipotecas en España.